Una figura que reza en la Carta Orgánica y que, mientras existió, accionó
Pasaron más de 2.000 días sin el defensor del Pueblo
El 30 de noviembre de 2020, Nicolás Morsila fue desplazado de su cargo y nunca se nombró un remplazo
Nicolás Morsila, último defensor del Pueblo que tuvo Villa Nueva, dejó su cargo el 30 de noviembre de 2020. Y, actualizando las cifras y los números, hoy se cumplen 2.057 días desde que aquel espacio quedó acéfalo. Su oficina, ubicada en calle Marcos Juárez, fue durante mucho tiempo visitada y varias fueron las diligencias que llevó adelante.
Pero tras su salida, nadie suplió la ausencia del abogado al frente de la institución y poco se hizo para poder mitigar aquella falencia.
Volviendo el tiempo atrás, en aquel contexto -momentos de coronavirus- se había llevado adelante una polémica en el Concejo Deliberante que terminó con el desplazamiento de Morsila, quien -hasta ese momento- no había tenido ningún reclamo respecto a su labor, sino que fue marcando un crecimiento. Desde aquel 2020 momento en que no hubo más novedades al respecto y la oficina donde tenía su despacho se reconvirtió.
Si bien desde el municipio destacaron que -si la Justicia Electoral lo permitía- en algún momento iba a llevarse adelante la elección, la cuestión, hasta ahora, parece en un freezer.
En el corazón del oficialismo, el tópico inquietaba, ya que desde la Unión Cívica Radical había nacido, hace bastante tiempo, la idea de crear dicha figura, que hoy ya no existe.
A la par, la Auditoría General de Villa María suele recibir inquietudes de vecinos de Villa Nueva y esto es algo que tampoco emociona al mostrador villamariense, ya que su gestión está abocada directamente a la cuestión villanovense.
Un poco de historia
Volviendo hacia atrás en el tiempo, el abogado Nicolás Morsila había asumido en 2015 y en 2020 debía haber elecciones para ese cargo, pero la pandemia de Covid-19 impidió que se lleve adelante el acto democrático.
Ignacio Tagni y Justina Pucci, quienes son parte hoy del oficialismo (intendente y asesora letrada, respectivamente), fueron los que manifestaron que el letrado no podía seguir al frente del espacio ubicado sobre calle Marcos Juárez. El hecho de que el voto popular lo había colocado desde 2015 a 2020 fue el argumento para negar una prórroga solicitada por el intendente Natalio Graglia en aquel momento. Sabido es que, en aquella situación, no había estructura para poder llevar adelante la elección. Eran épocas donde el Covid-19 estaba en su momento más duro y las palabras “distanciamiento”, “barbijo”, “alcohol en gel”, “ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio)”, y demás eran usuales y significaban algo. Es importante destacar que en noviembre de 2011 se había votado la creación de dicha figura, por medio de la Ordenanza 1835/11. Donde se establecía que el municipio, una vez removido un Defensor del cargo, tenía 30 días para llamar a elecciones.
Referido a la extensión del mandato del defensor del Pueblo (5 años), la misma se había realizado con el objetivo de separarla de las elecciones a intendente. Respecto a la figura del Defensor del Pueblo, la Carta Orgánica Municipal destaca: “Son funciones del defensor del Pueblo proteger los derechos comunitarios y los intereses difusos; la supervisión sobre la eficacia en la prestación de los servicios públicos y la aplicación de las ordenanzas y demás disposiciones de acuerdo con lo que determine la reglamentación. Se le otorgarán facultades para investigar e iniciar sumarios administrativos.
La ordenanza reglamentará los medios presupuestarios, administrativos y demás atribuciones que garanticen su autonomía y eficacia operacional”.
