Allanamientos en las dos Villas

“Sí, los procedimientos fueron cuatro. Tres de ellos en Villa Nueva y uno en Villa María. Esto se dio en el marco de la investigación que vengo llevando a cabo desde el mes de julio, cuando las autoridades municipales (encabezadas por Ignacio  Tagni) presentaron dos denuncias: una surgida de una auditoría que señalaba incongruencias en la trazabilidad del dinero y otra por presuntas facturas apócrifas relacionadas con la construcción del Cuartel de Bomberos”. Las palabras pertenecen al fiscal René Bosio y fueron pronunciadas ante un periodista de elDiario que le consultó acerca de los allanamientos de ayer.

Bosio dijo que forman parte de una serie de actuaciones. “Ya hemos tomado testimonios, vinieron arquitectos desde Córdoba a realizar mediciones en el cuartel y la semana pasada retiramos documentación de la Municipalidad”, enumeró.

Sobre la nueva denuncia de Tagni, realizada el lunes último ante la Fiscalía de Juliana Companys, Bosio dijo desconocer su contenido, aunque consideró que “tal vez” las causas se terminen unificando, porque “aparentemente, por lo que se publicó en la prensa, tratan sobre cuestiones similares a las que ya estoy investigando”.

El intendente había anticipado la semana pasada que presentaría una nueva denuncia apuntando hacia la gestión de su antecesor, Natalio Graglia.

A diferencia de la presentación de julio, esta vez los escritos fueron llevados a la barandilla de la Fiscalía a cargo de Companys.

“Se detectó un modus operandi relacionado con la utilización de facturas apócrifas”, informaron desde la Municipalidad.

Según indicaron, las irregularidades “incluyen falsificación de firmas, adulteración de documentos y uso indebido de sellos oficiales, mecanismos con los que se habrían instrumentado operaciones de contratación y pagos”.

“Los pagos se realizaron en efectivo y por montos millonarios, lo que agrava la situación y refuerza la decisión del municipio de llevar cada hallazgo a la Justicia”, agregaron.

En medio de las denuncias del actual intendente (la de julio y la de este lunes), exfuncionarios de la gestión de Graglia,  Vanesa Ciarroca y Carlos Piccolini, lo habían denunciado al propio Tagni por “el dictado de la Resolución 0017, del 18 de abril de 2024, mediante la cual se declaró prescripta por 12 años (2006 a 2018) la deuda correspondiente a la Tasa de Comercio e Industria al Número de la Cuenta 01330”, perteneciente “a un comercio propiedad de su propio padre, familiar directo en primer grado, identificado como Luis Rodolfo Tagni”.

“El mismo comercio fue habilitado en 2024 con carácter retroactivo a partir del 15/05/2018, sin hacer referencia al expediente administrativo, sin observancia de los procedimientos ordinarios a nombre de  Marcos Tagni” (hermano del intendente).

Eso, en una denuncia. En otra, lo señalaban como autor de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad”, “peculado”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” y “posible fraude en perjuicio de la administración”, por ejercer al mismo tiempo la intendencia y la Secretaría de Jefatura de Gabinete, lo que no permitiría el control de gastos de la máxima autoridad, según señalaron.