Balcones del Golf: sigue la polémica

Los administradores del emprendimiento inmobiliario Balcones del Golf, que proyectan construir un edificio de seis pisos sobre la calle Barberis, a unos pocos más de 400 metros del nuevo puente, aseguran que la obra está enmarcada dentro de la legalidad y que cumplieron todos los requisitos para iniciarla.

Agregan que la ordenanza que somete las obras de esta naturaleza a una comisión evaluadora, no puede tener efectos retroactivos, porque cuando ellos iniciaron el proyecto la normativa no existía.

“La administración ha seguido los pasos habituales para la aprobación y construcción de un proyecto edilicio, en el marco de la normativa vigente en el momento de presentación que rige en la ciudad, contando con todas las aprobaciones correspondientes, tanto de la Municipalidad de Villa Nueva y Colegio de Arquitectos e Ingenieros de la Provincia de Córdoba”, indicaron.

Además, asegura que “se  efectuaron los estudios de suelo y cálculos estructurales, proyecto arquitectónico, de instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, todos ellos efectuados por profesionales idóneos y de reconocida trayectoria, obteniendo un resultado positivo para la construcción de dicho proyecto”.

Luego del trabajo previo, presentaron el “proyecto definitivo ante el área Obras Privadas de la Municipalidad, cuya visación tiene fecha del 3 de octubre 2022” y agregan que el 23 de febrero de este año, se aprobaron los planos.

“Luego, procedimos al pago de los derechos y tasas de edificación, lo que implicaba la autorización para comenzar la obra”, indicaron desde el grupo administrador, que tiene entre sus caras visibles al contador Javier Caballero y al inmobiliario Julio Tarres, además de otros profesionales de Córdoba.

Continúan diciendo que “el proyecto ya cuenta con las conexiones de servicios de agua, cloaca, energía eléctrica, cuyas prestadoras han otorgado los mismos, considerando la posibilidad de brindarlos, y en el caso de Ecogas, nos encontramos realizando una obra  de nexo con red existente para que brinde el servicio al sector en el corto plazo”.

Después de hablar de las características de la obra que tiene en cuenta el respeto al medio ambiente, como así también principios ecológicos para maximizar el buen uso del agua y la energía, remarcan que el proyecto trae beneficios para Villa Nueva.

En primer término, mencionan la creación de puestos de empleo “más de 50, dependiendo de la etapa constructiva”. Agregan el “consumo de materiales e insumos en comercios de la ciudad relacionados con el rubro de construcción” y la “ampliación de la red de servicios hasta el sector donde se llevará la construcción, del cual hoy carecen o son deficientes”, entre otros.

Cuestionan la ordenanza

“A pesar del buen proceder para la aprobación del proyecto, un grupo de vecinos de la ciudad se apersonaron ante el Concejo Deliberante de Villa Nueva, cuestionado el proyecto ya aprobado y con derecho de inicio de obra, ante lo cual los concejales presentes, muy apresurados en pos de la elección a la intendencia que se aproximaba, aprobaron una Ordenanza que suspendería todo tipo de aprobación y tramitación de construcción de  obras, tanto públicas como privadas, ante lo cual, esta administración entiende que el proyecto en cuestión ya se encontraba aprobado y tramitado con derecho a la edificación. Dicha ordenanza a la fecha no ha sido derogada, exigiendo incluso la conformación de una comisión interdisciplinaria para la evaluación de este tipo de proyectos, entendiendo de esta manera que los trabajos, análisis y evaluación efectuada por el ejecutivo municipal y sus reparticiones no serían idóneos y suficientes”, cuestionan.

“Creemos que tanto los concejales como los miembros del Ejecutivo municipal, saben que las leyes y ordenanzas que se dicten tienen efectos a futuro, no tienen el carácter retroactivo, como este grupo de vecinos pretende”.

Y finalizan diciendo que “como administradores del emprendimiento, nos reservamos el derecho a reclamar por daños y perjuicios por el accionar de ese grupo de vecinos, y contra quienes intenten vulnerar los derechos poseídos, y cuyas consecuencias podrían recaer sobre las arcas del municipio y penalmente sobre vecinos, miembros del Consejo Deliberante o autoridades municipales que traten de vulnerar los mismos”.