El municipio insiste con el desalojo tras un oficio librado desde Fiscalía

Lamentablemente, un capítulo más se suma a la problemática que se ha generado en torno a una familia que se instaló en Villa Nueva hace unos ocho meses, llegados desde Córdoba, eligiendo ocupar una deteriorada vivienda a orillas del río Ctalamochita, en cercanías al puente de la ruta 2.

El municipio, tras insistir en desalojar a la familia, había llevado el caso a Tribunales, aduciendo que ya se habían agotado las instancias desde lo social y que el inmueble corre riesgo de derrumbe, y que la Justicia debía definir el futuro de Javier Romero, su pareja, sus cinco hijos y su cuñada.

Finalmente, la resolución que tomó la fiscal Juliana Companys se conoció en las últimas horas. Ella misma le detalló a este medio: “Nosotros lo que hicimos fue hacerle saber a esas personas que se encontrarían en un flagrante delito y se las intimó para que se retiren del lugar. Pero, al mismo tiempo, se ofició a la Municipalidad para que brinden asistencia a esa gente, no para que se vayan y queden en la nada. Estoy esperando que la Municipalidad les dé una habitación o una solución. La idea no es el desalojo. Lo que apelamos es a que se les otorgue algo donde puedan vivir y eso es lo que hablamos con la gente de Desarrollo Social del municipio”.

De todas maneras, el asesor letrado Marcelo Silvano, la secretaria de Desarrollo Social, Vanina Urquiza, y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Astesano, procedieron a llegarse hasta el lugar para intimar a la familia a abandonar el lugar.

En la constancia que labró, se indicó la propuesta que se le hizo a Javier y su familia. “El municipio está dispuesto a brindar ayuda económica a fin de que desalojen urgente el espacio público ocupado y comprometiéndose a no ocupar ningún espacio público tanto municipal como provincial”, dice el acta.

En ese sentido, la Municipalidad planteó concretamente que si la familia desea volver a Córdoba (algo que ya dejaron en claro que no desean) aportarán el traslado en forma gratuita y un monto de $15.000. De lo contrario, tras el desalojo del lugar, entregarían $30.000 “como subsidio y ayuda a fin de que se relocalicen”.

Vale la pena recordar que días atrás, Javier le contó a El Diario que estaban reuniendo materiales para poder dejar el inmueble en cuestión y empezar a levantar algo que pueda albergar a su familia. Para ello, aseguró, invirtieron los últimos 10 mil pesos que cobró del IFE y ya habían empezado a levantar.

La realidad es que es muy poco probable que con 30 mil pesos logren alquilar algo, teniendo en cuenta que no cuentan con garantías, de hecho, ya lo intentaron. A su vez, mucho más lejos están de poder conseguir un terreno donde construir con ese monto.

“De no aceptar las propuestas antes mencionadas, para lo cual se le otorga el plazo de 10 días hábiles para responder, se procederá a comunicar a la Fiscalía interviniente a fin de que la misma continúe con los trámites judiciales penales correspondiente, desligándose el municipio de cualquier ayuda posterior”, reza el texto labrado tras la visita a la familia.

“De no aceptar las propuestas antes mencionadas... se procederá a comunicar a la Fiscalía interviniente a fin de que continúe el trámite penal correspondiente”, escribieron los municipales en el acta labrada ayer.