Piden cambiar multas por tareas comunitarias

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical solicitan que se modifique la Ley 10.702 de Régimen Sancionatorio Excepcional de Emergencia Sanitaria, que fue sancionada por el Gobierno de la Provincia semanas atrás y que prevé multas, por ejemplo, por no usar barbijos.

Según plantearon Justina Pucci, Ignacio Tagni y Sergio Mana, en el proyecto de resolución que dieron a conocer en la última sesión del Concejo Deliberante, la ley que cuestionan, que entró en vigencia el pasado 17 de julio, está “lejos de entender la realidad que hoy estamos viviendo como sociedad, en una provincia que tiene el 50% de pobreza, donde vemos comercios que se funden, Pymes que cierran sus puertas, una situación de desempleo récord, personas que hace más de 150 días no pueden trabajar, que no llegan económicamente a fin de mes, con un estado de malestar y angustia general, absolutamente preocupante”.

Concretamente, solicitaron al titular del Departamento Ejecutivo Municipal, Natalio Graglia, que “arbitre los medios necesarios a fin de lograr que el Gobierno de la Provincia de Córdoba modifique la Ley Provincial 10.702, sustituyendo las multas de carácter pecuniario por sanciones alternativas como la de trabajo comunitario, en el marco de la pandemia de COVID-19”.

El Régimen Sancionatorio Excepcional de Emergencia Sanitaria sanciona a toda persona humana o jurídica que incumpla alguno de los protocolos de actuación, disposiciones y resoluciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Central dentro del territorio de la provincia de Córdoba. “El Estado viene a imponer un régimen sancionatorio a la emergencia sanitaria que es totalmente intimidatorio y que a las claras tiene como único fin recaudar, lo que dista definitivamente de generar políticas concretas de concientización, prevención y fundamentalmente de contención”, criticaron los ediles de la oposición.

“Entendemos que el camino que se pretende por parte del Estado no es el correcto. Como bloque consideramos que es necesario llevar adelante estrategias inteligentes y coherentes, acordes al contexto y realidad que estamos viviendo, sin ignorar que la solución a esta situación en la que nos encontramos va a depender también, en gran medida, de la responsabilidad de cada uno de nosotros”, agregaron.

Finalmente, plantearon: “Dicho proyecto conlleva la delegación de facultades al Ejecutivo, la doble sanción de faltas que ya estarían contempladas en el Código Penal, el carácter recaudatorio de la medida y la imposibilidad de contemplar sanciones alternativas como el trabajo comunitario, en lugar de pecuniarias”.