La gravedad de eliminar el Instituto Nacional del Cáncer

La semana pasada, el Gobierno nacional decidió eliminar el Instituto Nacional del Cáncer (INC), decisión que se suma a una serie de despidos, recortes y suspensiones de programas en el ámbito de la salud pública, así como a la interrupción en la compra de medicamentos esenciales.

El cierre del INC implica que sus funciones y presupuesto serán transferidos al Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, quien también preside la prepaga Sanatorio Güemes (juez y parte).

Esta medida profundiza la desfinanciación del sector de salud, ya golpeado por la no renovación de 1.400 contratos y la renuncia masiva de médicos debido al ajuste y vaciamiento de programas nacionales, como el de vacunación, sumado al  desmantelado el Programa de Cuidados Paliativos del INC, suspendiendo la compra de opioides necesarios para el tratamiento de pacientes con cáncer en etapa terminal y otras enfermedades graves.

Por esta razón,  Daniel Gómez, exdirector del INC, quien actualmente dirige el Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la UNQ, además de ser exrector de esta institución, se expresó sobre este tema.

 Gómez ha dado grandes aportes en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y algunos se centran en el desarrollo de nuevos enfoques para el diagnóstico y tratamiento de distintos tipos de cáncer y su llegada lo más rápido posible a los pacientes.

Así, por ejemplo, desde el Comtra se implementaron dos medicamentos específicos para cáncer de pulmón, colorrectal y de mama, por lo que ha sido también distinguido por el Honorable Concejo?Deliberante de Quilmes como Ciudadano Ilustre.

Y entre muchos otros reconocimientos e importantes publicaciones sobre el tema, además de ser investigador del Conicet, en 2022, Gómez fue reconocido como “Defensor de pacientes oncológicos” a nivel internacional por la ONG Inspire2Live.

A continuación, la carta abierta de Gómez a la opinión pública:

Estimados:

Como exdirector del Instituto Nacional del Cáncer de la República Argentina deseo expresarme sobre un tema: es una decisión de enorme gravedad el cierre del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y su absorción en la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles. Se nos presenta esta medida como una simple reorganización administrativa, pero no nos engañemos: esto es un retroceso en la lucha contra el cáncer en Argentina. Puede ser que requiera mejores políticas, pero con un programa de mejora hubiera bastado.

El INC no es una mera oficina burocrática. Es el corazón de la política oncológica en el país. Ha sido un centro estratégico para la prevención, la detección temprana, la investigación y el acceso a tratamientos en un país donde el cáncer es la segunda causa de muerte y creciendo. Su existencia ha permitido una coordinación eficiente de programas nacionales, articulando hospitales, universidades, investigadores y pacientes.

¿Por qué es un error este cierre?

1. El cáncer no es una enfermedad más.

Agruparlo dentro de una Dirección General de Enfermedades No Transmisibles es un desconocimiento absoluto de su complejidad. El cáncer requiere un enfoque integral, con equipos especializados, infraestructura dedicada y financiamiento específico. Equipararlo a otras patologías, como la diabetes o la hipertensión, ignora su impacto devastador y la necesidad de estrategias particulares.

2. Pérdida de autonomía y capacidad de acción.

Reducir el INC a una mera dependencia dentro de un área más amplia significa diluir su capacidad de liderazgo. Ya no tendrá autonomía para diseñar e implementar políticas específicas, sino que dependerá de decisiones generales tomadas por funcionarios que no necesariamente cuentan con formación en oncología. Esto no es eficiencia, es negligencia.

3. Retroceso en la investigación y acceso a tratamientos.

El INC ha sido un actor clave en la promoción de ensayos clínicos, la formación de especialistas y la generación de datos epidemiológicos fundamentales. Su desaparición amenaza la continuidad de estudios que permiten mejorar tratamientos y acceso a drogas innovadoras.

4. Golpe a los pacientes más vulnerables.

La existencia del INC ha permitido implementar programas para garantizar acceso a tratamientos en sectores sin cobertura médica. ¿Quién garantizará ahora que estos pacientes sigan recibiendo su medicación y sus terapias sin obstáculos burocráticos adicionales?

5. Contradicción con las tendencias internacionales.

Países con sistemas de salud sólidos, como Estados Unidos, Francia o Brasil, refuerzan sus instituciones oncológicas, no las eliminan. Mientras el mundo avanza hacia la personalización de la medicina y la inversión en investigación, Argentina toma el camino inverso.

Lo que está en juego no es una estructura administrativa, sino vidas.

No podemos permitir que el cáncer, que afecta a una de cada tres personas en su vida, sea tratado como una cuestión secundaria. El Estado tiene la obligación de garantizar políticas de salud pública efectivas, y el cierre del INC es un atentado contra esa responsabilidad.

Convocamos a la comunidad médica, científica, a los pacientes y a la sociedad civil a manifestarse contra esta medida. No podemos aceptar un recorte que nos costará tiempo, recursos y, lo más importante, vidas.

El INC no debe desaparecer. El cáncer no espera. Y nosotros tampoco deberíamos hacerlo.

Atentamente, Daniel Gómez

En 2024 fallecieron 60 personas por falta de sus medicamentos 

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), junto a diferentes organizaciones sociales, han  denunciado que 60 personas murieron en 2024 debido a la interrupción de tratamientos oncológicos provocada por la falta de medicación proporcionada por el Estado.

El reclamo viene siendo elevado desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, cuando se decidió paralizar la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), la entidad encargada de distribuir medicamentos de alto costo a quienes los necesitaban. A raíz de esta decisión, a más de mil pacientes oncológicos y con enfermedades raras les fueron parados tratamientos que les permitían sobrevivir.

Jorge Yabkowski, médico y secretario general de Fesprosa, explicó que los recortes en el programa generaron una dramática situación:  "Eran más de mil expedientes a los cuales se les cortó la medicación. Obviamente, eran enfermos graves y al cortarle la medicación durante meses, eso provocó esta cantidad de fallecimientos", señaló Yabkowski.

A pesar de las denuncias, las organizaciones de pacientes llevaron el caso a la Justicia, presentando un amparo para exigir que el Gobierno entregara los medicamentos de manera inmediata. En diciembre, el juez Marcelo Bruno Dos Santos emitió un fallo que obliga al Gobierno a resolver los pedidos de medicamentos y subsidios demorados. Sin embargo, el 3 de enero, el Ejecutivo apeló el fallo, argumentando que las Provincias debían asumir la responsabilidad y que las asociaciones de pacientes no tenían legitimidad para reclamar.