Defender garantías constitucionales

Luego de 40 años de democracia, a punto de cumplirse, parecía ser, hasta hace poco tiempo atrás, que había debates que habían sido subsanados después de la oscura noche de los “errores y excesos” que dejaron heridas abiertas hasta hoy.

Actualmente, se experimenta un fenómeno del crecimiento de pensamientos perimidos con derivas autoritarias. En ese revival de épocas oscuras se encuentra el ataque a la concepción básica del Estado Liberal Democrático de Derecho, y a su corazón, que son las garantías constitucionales que protegen al ciudadano, en primer lugar, del propio Estado (monopolio de  la violencia), de grupos de particulares o de otro individuo que se atreven, con su conducta, afectar o poner en riesgo los derechos básicos consagrados por la Carta Magna.

En primer lugar, es necesario definir al lector lego que las garantías constitucionales, según dice el Dr. Bidart Campos, apuntan “a la disponibilidad que tiene la persona para movilizar al Estado en protección suya”.

Es un remedio, un mecanismo o una vía procesal que está a disposición de los ciudadanos para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos.

Las garantías más importantes son las relacionadas con el Derecho Penal, lo que es, a su vez, motivo de polémicas, porque limitan el poder omnímodo del Estado, el Leviatán de Hobbes.

Ese fin le dieron nuestros constituyentes de 1853, como quedó plasmado en una serie de artículos, especialmente el artículo 18, que limita la acción punitiva del Estado, entre las principales garantías como son el derecho a ser escuchado en juicio, a gozar del estado de inocencia hasta una condena firme, a no ser penado sin juicio previo basado en ley anterior al hecho, a ser juzgado por un juez o tribunal competente e imparcial, etcétera.

A pesar de estos logros democráticos, se difunde la idea de que garantizar el cumplimiento de los derechos solo beneficia a los “delincuentes”. Esto se escucha en mesas de café, con dichos como “en cualquier país serio al delincuente le meten bala y a otra cosa”.

Lo diferente en estos días es que los medios de comunicación se transforman en caja de resonancia y difusión de estos discursos autoritarios.

El latiguillo más utilizado es que la protección de estas garantías ciudadanas es “garantismo”, una ideología jurídica desviada que busca el “abolicionismo”, pero olvidan que el Derecho Penal Argentino es defensor de garantías, porque consagra un buen cúmulo de estas en su contenido.

La crisis económica con aumento de la inseguridad es el caldo de cultivo para soluciones fáciles de “mano dura”, a lo Bukele, o la implementada en regímenes totalitarios a lo largo del siglo XX.

La democracia no se construye por ciudadanos virtuosos o con consensos homogéneos que impiden toda crítica. Al contrario, se forma en desacuerdos y en la tensión con los derechos, como sostiene el jurista Jeremy Waldron.

Por lo tanto, articular las diferencias y los desacuerdos permitirá hacer una República verdadera.

Para el final, algunos agradecimientos especiales: a mi familia, a los colegas y a los amigos que me impulsaron en la profesión.

¡Feliz día para todos y todas!

(*) Abogado Penalista y de Familia
M.P. 4-1090
Tel. 3534287420