Interpelación a la Justicia

Escribe Eduardo Rodríguez (*)

En la vida cotidiana, y en forma distendida, podemos decir que los procesos revolucionarios en el mundo se han dado cuando un pueblo o una nación, o una fracción de estos, padece en manos de otros una situación de opresión, de desigualdad o de sometimiento.

En definitiva, quienes pretenden salir de ese estado de yugo, reaccionan ante una situación que consideran “injusta”, y tratan de transformar la realidad en la que viven. No necesariamente, y sobre todo en los últimos tiempos, estos procesos revolucionarios a los que me refiero, no han ocurrido con el uso de armas tradicionales, sino que hoy hay otros medios, que incluso suelen resultar más efectivos.

Cuando salimos de la esfera grupal y damos una mirada individual al “proceso de revolución para salir de una situación injusta”, en un país organizado bajo un estado de derecho, la forma civilizada de dar a cada uno lo suyo y salir de la injusticia, será bajo el amparo de uno de los tres poderes que establece la forma republicana de gobierno prescripta en nuestra constitución, y en la mayoría de estas “acciones reparadoras” debe ser necesaria la intervención del abogado, como auxiliar de la Justicia.

Si se logró impartir justicia, y se dio a cada uno lo suyo, ambas partes de un pleito deberían quedar satisfechas.

Volviendo a la forma republicana de Gobierno, dos de los poderes que la conforman, Ejecutivo y Legislativo, son permanentemente interpelados por la ciudadanía mediante el voto popular. Si satisfacen al pueblo con sus acciones cosechan votos, si no lo hacen, la cosecha será magra.

Ahora bien, el restante de los poderes del Estado, el Judicial, no tiene otra forma de ser interpelado que por aquellos que hemos abrazado el ejercicio de la profesión de abogado. Y cuando digo “interpelar a la Justicia” no me refiero al sistema de recursos y control de resoluciones que establecen los códigos procesales, sino a que debemos velar para que la Justicia sea “verdaderamente independiente” y no se encolumne detrás de los intereses de las partes, pues cuando ello ocurre, generalmente lo hace del lado de los más poderosos, y allí es donde empieza a conformarse lo que le da el título a este espacio… el llamado “lawfare”, transformando a lo que es una herramienta y un poder del Estado de todos, en una herramienta y un ariete de poder de pocos.

En este sentido, resulta muy peligroso que el “poder que debiera garantizar la justicia en una sociedad, sea el motor y generador de la injusticia que irrita”, pues esto hace que sus decisiones carezcan de legitimidad, y cualquiera sea la decisión, la misma no traerá paz ni tranquilidad a los justiciables.

He aquí un nuevo compromiso para quienes ejercemos la profesión de abogado; ser parte de una inevitable “revolución”, aquella que sin armas interpele cotidianamente a la Justicia, para que las necesidades de la sociedad en su conjunto cuenten con su amparo y protección, y que recurrir a ella no sea la ratificación de los intereses de unos pocos, que generalmente no incluyen todos los argentinos, sino solo a aquellos que tienen el botón que activa y desactiva el “lawfare”.

(*) Abogado penalista, MP 4-295. Egresado de la UNC. Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados, Jujuy 1267, tel. (0353) 4520712.