Discutir una reforma judicial

Escribe Pablo Maccarini (*)

En este aniversario del natalicio de Juan Bautista Alberdi, Día del Abogado y la Abogada, quiero analizar un concepto demodé que forma parte cotidiana del prime time de los medios: el “lawfare”.

Su cotidianeidad nos obliga a preguntarnos, ¿qué es?, ¿de qué se trata?, ¿de dónde proviene?; preguntas que requieren una perspectiva amplia e integral para que el análisis tenga presente todas sus perspectivas.

Contemporáneamente, al cambio de siglo, en el año 1999, un coronel de la Fuerza Aérea norteamericana, Chris Dunlap, analizo la dimensión jurídica de la guerra y construyó un neologismo bajo el nombre de “lawfare”, contracción de los términos anglófonos “law” (ley) y “war” (guerra).

Así, Dunlap conceptualizó el contexto mediante el cual la guerra -forma bélica- en el siglo XXI estaba hiperconectada con el uso de la ley. Consideraba que “lawfare” era un método donde la ley se usa como un medio para un objetivo militar. Su principal argumento era el siguiente: el “lawfare” era un producto que utilizaba la comunidad internacional para desprestigiar las intervenciones militares de Estados Unidos en todo el mundo y la utilización masiva que se realizó del término durante toda la Administración de George W. Bush.

Decía el autor (Dunlap): “¿Esta´ el ‘lawfare’ convirtiendo a la guerra en algo injusto? En otras palabras, ¿está el Derecho Internacional socavando la capacidad de Estados Unidos para realizar intervenciones militares efectivas?”

Actualmente, el término tiene dos perspectivas: por un lado, “lawfare” implica el despliegue de la ley por parte de los estados más poderosos para planificar, ejecutar y legitimar sus objetivos de política exterior en todo el mundo, y es en este sentido que el “lawfare” puede funcionar como “la guerra en la era de la posmodernidad” o como soporte de esta.

En el otro sentido, el término “lawfare” se ancla sobre los Derechos Humanos, lo que conlleva intentos de individuos que de manera organizada aprovechan la ley para limitar y reprender las políticas y prácticas estatales violentas. “Lawfare” es un término en disputa.

¿Cómo este concepto se termina utilizado cotidianamente en nuestro continente, atento que somos externos a los procesos militares entre estados?

Es que el acceso a la información, producto de la hiperconexión de nuestra sociedad, permitió clarificar ciertas dinámicas históricas, en la que la ley se utilizó como una herramienta para darle una justificación legal a la subyugación de cada Estado de Derecho dentro de cada frontera.

En nuestro país, el “lawfare” parece remplazar -siempre que el juego de fuerzas lo permita- el rol de los golpes militares tradicionales. A decir de Rafael Bielsa y Pedro Peretti: “Lo nuevo no es la irrupción de los jueces en el ámbito de la política, sino el desenfado y el protagonismo que adquiere la camarilla judicial. Esto es lo novedoso. El poder real ya no necesita más a los Jorge Rafael Videla (1925-2013). Ahora los suplantan con jueces como Sergio Moro”.

Desde este contexto es que podemos describir al “lawfare” como una distorsión en la aplicación de la ley que termina siendo ejecutada por una judicatura que se encuentra al servicio del poder político y económico por la propia desvirtuarían de la ley para beneficiar o para justificar lo que ese poder represente.

Actualmente, el “lawfare” conceptualiza el acto de manipular los institutos jurídicos y el propio Poder Judicial para obtener resultados en una esfera política, llevando la disputa política más allá de las urnas y utilizando los medios de comunicación como soporte de esa construcción.

En otras palabras, el “lawfare” sustituye el uso directo de la fuerza y la “muerte física” como opción principal y, en cambio, opera a nivel institucional con miras a la “muerte jurídica y política” del o la disidente.

La “muerte política” procura erosionar la imagen pública del perseguido judicialmente, deslegitimarlo y convertirlo en los causantes de todos los males del país. Pensemos, como ejemplo, el caso de Evo Morales en Bolivia.

Adoptado técnicamente, el término “lawfare” entiende sus implicancias en el devenir diario de nuestra vida social, política y cultural. Implica entender que estamos referenciándonos a los márgenes sobre los que gravita el contrato social, es decir, el conglomerado de reglas que regulan la vida en sociedad, por lo que es imprescindible aportar a la discusión desde cada lugar.

Es por eso que creo necesario discutir la necesidad de una reforma judicial que dote a la Justicia de fuerza y objetividad para retener estos ataques profundos a su legitimación y prestigio; es decir, que este ataque -de hacer de la Justicia un ideal en disputa- sirva para revertir este fenómeno, asegurando un fortalecimiento que implique un mayor respeto para la ciudadanía.

Una reforma que incluya como bases la interseccionalidad, la interdisciplina y la transparencia, involucrando transformaciones estructurales en términos de igualdad de género, clase y color de piel, asegurando la participación igualitaria en puestos de decisión para que la Justicia sea un espejo de la sociedad que representa, la pueda entender mejor y pueda a la vez fortalecerse en su devenir histórico.

Entendiendo principalmente que el “lawfare” no solo tiene implicancias o intervenciones desde el Derecho, el lenguaje sencillo, la oralidad y la accesibilidad podrían allanar el camino hacia la transparencia y la rendición de cuentas como escudo para evitar la violación sistemática y sin consecuencias de las garantías constitucionales.

En el fortalecimiento de este puente con la ciudadanía, se encuentra el quid de construir la Justicia, que como sociedad queremos, en un claro proceso de autodeterminación de nuestro pueblo.

(*) Abogado, especialista en Derecho del Trabajo. Magister en Análisis Económico del Derecho. MP 4-691. Egresado de la Universidad Siglo XXI. Maccarini & Machado Boutique Jurídica, Tucumán 669, Villa María, tel. (0353) 155669796.