Fiscalías con puertas abiertas a la sociedad

El Ministerio Público Fiscal (MPF) es un órgano estatal independiente que integra el sistema de administración de justicia. La Constitución de la provincia de Córdoba lo ha ubicado institucionalmente dentro de la órbita del Poder Judicial.

Tiene por misión actuar en defensa del interés público y los derechos de las personas, procurando, ante los Tribunales, la satisfacción del interés social y custodiar la normal prestación del servicio de justicia.

Responde a una organización vertical y está integrado por el fiscal general, que es su autoridad máxima y el responsable de su correcto y eficaz funcionamiento; por cuatro fiscales adjuntos y por los fiscales de Cámara, en lo Correccional, de Instrucción, en lo Civil y Comercial, de Familia y en lo Penal Juvenil que determine la ley.

El Ministerio Público Fiscal es único y será representado por cada uno de sus integrantes en los actos y procesos en que actúen.

Ejerce sus funciones por medio de sus órganos propios, ajustado a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica.

La Constitución provincial (artículo 172) y la Ley Orgánica del MPF (Ley Nº 7.826), le asignan las siguientes funciones:

1) Preparar y promover la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas.

2) Custodiar la jurisdicción y competencia de los tribunales provinciales y la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante aquellos la satisfacción del interés social.

3) Promover y ejercitar la acción penal pública ante los tribunales competentes, sin perjuicio de los derechos que las leyes acuerden a los particulares.

4) Dirigir la Policía Judicial.

5) Intervenir en los procesos relativos al estado civil de las personas y en todas aquellas cuestiones de familia en las que resulte comprometido el interés público.

6) Intervenir en las causas contencioso administrativas de acuerdo a lo que establezca la ley.

7) Ejercer las demás funciones que las leyes le acuerden.

Asimismo, brega para que toda víctima de un delito pueda actuar, a su vez y en conjunto con el MPF, como acusador privado a través de la figura del querellante particular, coadyuvando en la tarea de persecución penal del Estado.

La labor cotidiana

El Ministerio Público, representado por cada uno de los fiscales de Instrucción locales, se enfrenta diariamente a diversas modalidades delictivas que requiere permanentemente a éste órgano estar actualizado y ser competente desde el punto de vista técnico y jurídico atento los tiempos que corren, donde muchos delincuentes han encontrado terreno fértil para perpetrar sus hechos a través de las nuevas tecnologías haciendo uso de los distintos medios telemáticos, redes sociales, etcétera, es decir, lo que hoy en día se conoce como ciberdelitos.

Es así que estamos inmersos en la era virtual o cibernética donde se han borrado los límites y fronteras, acudiendo así a la comunicación global a través de las TIC (técnicas de la información de la comunicación).

Entre estos ciberdelitos nos encontramos con delitos informáticos de distinta talla, como ser: estafas virtuales, delitos contra la integridad sexual por medios telemáticos (“grooming” y producción, distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual de menores de edad), todo lo cual hace que los integrantes del Poder Judicial, especialmente los fiscales, deban adaptarse a los cambios para investigar y sancionar este tipo de nuevas conductas virtuales.

Respecto a la labor diaria de la oficina del Ministerio Público Fiscal, es dable afirmar que los funcionarios no deben estar “empotrados” o “apoltronados” en sus despachos, sino que deben ser de puertas abiertas a la sociedad. Es decir, atender a las víctimas y tratar de encausar sus pretensiones.

De la misma manera se trabaja con los letrados y demás auxiliares del servicio de justicia, brindando la mejor atención y tratando de resolver en tiempo y forma sus pretensiones.

Es que la forma de trabajo que pretendemos es una atención respetuosa de los distintos actores del proceso... una fiscalía de puertas abiertas, conteniendo a las víctimas y dando todo de nosotros para tratar de lograr una atención respetuosa acorde a las necesidades de la gente con objetividad, imparcialidad y la mayor responsabilidad.

Cabe resaltar que, en nuestro caso, nos encontramos dentro de la Cuarta Circunscripción Judicial, cuya cabecera es Villa María, y abarca el Departamento General San Martín e incluso localidades de otros departamentos de la provincia, es decir, una zona de gran amplitud dentro de la cual toda la actividad delictiva que se produce y sucede es competencia material y territorial de la Fiscalía de Instrucción, salvo lo que corresponde y es competencia de la Justicia Federal.

Creemos que, pese a los problemas y necesidades de siempre, el servicio de justicia trata de dar respuestas y estar a la altura de las circunstancias.

En nuestra provincia la Justicia está permanentemente capacitándose para que sus funcionarios crezcan profesionalmente y den un mejor y adecuado servicio.­­­

Silvia Maldonado
Juliana Companys
René Bosio
Fiscales de Instrucción

Las más eficientes de la provincia

Un informe estadístico elaborado en junio de este año por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales de Córdoba, que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), precisó que las tres Fiscalías de Instrucción de Villa María fueron las dependencias de toda la provincia que más requisitorias de elevación a juicio elaboraron durante 2020.

Con datos aportados por el Sistema de Administración de Causas (SAC), que se dedica a relevar la información que aportan las 22 Cámaras del Crimen de las 10 Circunscripciones Judiciales, el informe destaca que la Fiscalía del Segundo Turno envió a la Cámara del Crimen local, para su juzgamiento, un total de 214 causas; la del Tercer Turno, 205, y la del Primer Turno, 163.

En cuarto lugar aparece la Fiscalía del Distrito 1, Turno 5, de Córdoba capital, con 161 causas penales.

Fiscalía de Instrucción del Primer Turno

Fiscal: Silvia Andrea Maldonado

Secretaria: María Eugenia Barra

Prosecretario: Víctor Ferreyra

Empleados: Marisel Martínez, Gabriela Benecchi, María Inés Rizzi, Franco Franzosi, Martín Martinovich, Victoria Buffoni, Vanina Nigro, Sofía Picco y Justo Rodríguez

Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno

Fiscal: Juliana Erica Companys

Secretaria: Karina Maritano

Prosecretarias: María Florencia Bortolussi y Roxana Medina

Empleados: Germán Livingston, Fernanda Sosa, Carolina Ardissino, José Alvarez, Alejandro Bianco, Victoria Colusso y Agustina Otero

Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno

Fiscal: René Emilio Bosio

Secretarios: Dalila Alcalá Riff y Juan José Aguilar

Prosecretario: Pedro Diana

Empleados: Anabel Manzotti, Débora Accornero, Bibiana Fabro, Alfredo Chiavassa, Iara Najle Zerbi, Julieta Martinetti, Lisandro Montero y Virginia Bernardi

Oficina Unica de Trámites de Causas Civiles (dependencia común a las tres Fiscalías de Instrucción)

Empleada: Marcela Mattalía