24 DE MARZO - Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia

Violencia de género: logros y deudas de la democracia

miércoles, 24 de marzo de 2021 · 09:16

Por Silvia Maldonado

Una sociedad democrática exige un riguroso respeto a los derechos individuales, por ello la violencia contra las mujeres no sólo importa una grave violación a los derechos humanos más básicos, sino que representa un obstáculo a toda pretensión de conformar una sociedad igualitaria y democrática.

En la actualidad, resulta imprescindible analizar el tema de los derechos humanos y el de la violencia de género de las mujeres desde una perspectiva que ofrezca la posibilidades de cambios culturales, para lo cual hay que tomar en consideración que estas temáticas se relacionan directamente con la distribución desigual del poder de las sociedades. El cambio social que exige el respecto de los derechos de las mujeres debe situarlas en el centro de las transformaciones con sus diversas formas de pensar, sentir y actuar. Sus experiencias históricas y cotidianas se deben tomar en cuenta en la reformulación del contenido y significado de los derechos humanos.

Si bien es cierto que las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a los hombres como a las mujeres, su impacto varía de acuerdo con el sexo de la víctima. Los estudios sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Esto significa que está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad se acentúa en el solo hecho de ser mujer.

Este tipo de violencia puede adoptar diversas formas, lo que permite clasificar el delito, de acuerdo con la relación en que ésta se enmarca y el ejercicio de poder que supone, en las siguientes categorías: violación sexual, acoso sexual en el trabajo o mobbing y en las instituciones de educación, violencia sexual contra mujeres detenidas o presas, actos de violencia contra las mujeres desarraigadas, tráfico de mujeres y violencia doméstica.

La violencia de género es un fenómeno global, en permanente crecimiento, que se ha extendido a todos los estratos de la sociedad. Su entramado representa uno de los problemas más graves y complejos que enfrenta la sociedad actual. Los casos de violencia contra las mujeres, de maltrato familiar o de violencia en la pareja, aún no conviviente, suceden todos los días y se reflejan de modo recurrente en algún medio de comunicación.

Al respecto cabe hacer algunas precisiones. ¿Qué se entiende por violencia de género? La violencia de género o violencia contra la mujer implica cualquier acto de violencia -activo u omisivo- físico, sexual, psicológico, moral, patrimonial, etc., que incide sobre la mujer por razón de su género, basado en la discriminación, en las relaciones de desigualdad y de poder asimétricas entre los sexos que subordinan a la mujer, sea en la vida pública o en la privada.

La violencia de género tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal. El género se constituye así en el resultado de un proceso de construcción social mediante el que se adjudican simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a sus varones y mujeres. Fruto de ese aprendizaje cultural de signo machista, unos y otras exhiben los roles e identidades que les han sido asignados bajo la etiqueta de género.

Paso a paso, pero en forma segura, los Estados van comprendiendo que lo que hoy por hoy más preocupa es el modo de garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida sin violencia y sin discriminaciones. Por ello, el fin primordial ha de ser la erradicación definitiva de la violencia de género, aunque para lograrlo deba acudirse a los mecanismos más rigurosos con los que cuenta el Estado para solucionar los conflictos sociales e individuales, el derecho penal, aunque entiendo de ninguna manera es quien aportará la solución definitiva a la problemática.

Así en materia normativa, resulta importante compartir lo que se ha logrado en materia de género, resultando los avances legislativos más significativos.

A) Si bien la sanción del Código Civil (CC) de Vélez Sarsfield en el siglo XIX constituyó un paso hacia el reconocimiento de la paridad de derechos entre el hombre y la mujer soltera o viuda, prácticamente no varió la situación jurídica de la mujer casada. En virtud de supuestos principios de unidad familiar y solidez del matrimonio, ella era considerada una incapaz de hecho relativa (art. 55 CC) y colocada en una situación similar a la de los menores adultos. El matrimonio liberaba a la mujer de la autoridad paterna y la introducía en una nueva dominación sustentada en la potestad marital.

La Ley 11.357, dictada en 1926, llamada de los derechos civiles de la mujer, si bien no modificó el régimen de potestad marital en lo relativo a la prerrogativa de fijación del domicilio conyugal, atribuyó a la mujer casada mayor de edad una esfera de capacidad de hecho más amplia. Le otorgó la patria potestad sobre los hijos de un matrimonio anterior. Sin necesidad de autorización judicial podía ejercer profesión, oficio o empleo administrando y disponiendo libremente del producido de esas actividades. El marido seguía siendo el administrador presunto de los bienes de la cónyuge, salvo que ésta revocara el mandato.

Sucesivas leyes fueron reconociendo mejores derechos a las mujeres, entre ellas la 23.264 de patria potestad y filiación, que otorgó el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental a ambos progenitores durante el matrimonio y/o la convivencia; o la Ley 17.711, que introdujo la separación personal por presentación conjunta.

A nivel nacional e internacional, el art. 75 inc. 22 y 23 de la Constitución de la Nación Argentina de 1994, al incorporar los tratados internacionales sobre los derechos humanos, otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Afortunadamente, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) recoge la necesidad de operativizar los derechos de las convenciones mencionadas, y entre sus fundamentos aparecen los principios de igualdad y no discriminación, que se ven reflejados luego en su redacción, emparejando derechos y obligaciones de hombres y mujeres en el seno de la familia. El CCCN realmente incorpora un nuevo modelo de familia democrática y horizontal, así como un nuevo sistema de relación filial en el cual el respeto, la interacción, la consideración del hijo/a como sujeto de derecho, la capacidad progresiva, son los ejes principales. La equiparación de roles, obligaciones y derechos en relación a la responsabilidad parental y los cuidados personales de los hijos están en cabeza de ambos progenitores. Se reconoce un valor económico a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos. El derecho de familia y las relaciones que de él devienen se deben desarrollar e interpretar dentro del marco de los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional, tal como lo establecen los artículos 1 y 2 del CCCN.

B) Ley de Cupo. Conocida como Ley de Cupo Femenino, estableció que las mujeres debían estar incluidas en las listas partidarias a cargos electivos en un mínimo del 30%, ubicadas en lugares con posibilidad de resultar electas, aplicándose a partir de 1991 en las distintas elecciones nacionales. La Ley de Cupo, con su redacción y reglamentación confusa, ha dado lugar a múltiple jurisprudencia contradictoria. Pasaron muchos años para que realmente la mujer obtuviera la debida representación y aún hoy no se respeta en muchas jurisdicciones.

C) Leyes de violencia. Otro ejemplo de avance en nuestra democracia es la Ley de Protección contra la Violencia Familiar Nº 24.417, sancionada en 1994, y sus leyes provinciales. Ante la denuncia, permite al juez tomar las primeras medidas tendientes a terminar con la situación de violencia, en una temática que siempre había quedado vedada y confinada a la intimidad de la familia, donde las peores atrocidades quedaban ocultas.

La creación de oficinas, juzgados y fiscalías de Violencia Familiar, que atienden las 24 horas, los 365 días del año, también es un claro paso hacia la protección de derechos de los sectores históricamente más desprotegidos. Otro importantísimo paso en defensa de los derechos de la mujer es la sanción en el año 2009 de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Otorga una definición de violencia contra la mujer y presenta los distintos tipos que pueden existir: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica. A su vez enuncia las diferentes modalidades que puede asumir la violencia contra la mujer: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica y mediática. Establece el lineamiento de políticas públicas a adoptarse desde distintos organismos del Estado, incluyendo a la Secretaría de Medios y Comunicación, encargado de dirigir medidas tendientes a sensibilizar y concientizar sobre el derecho a vivir una vida libre de violencia.

D) Los derechos sexuales y reproductivos en la normativa constitucional y supranacional, nacional y local. Los derechos a la salud sexual y reproductiva se han considerado contemplados en nuestra Constitución Nacional (CN) a través de las cláusulas de los llamados derechos implícitos (art. 33 CN).

Por su parte, el artículo 19 de la CN recepta el llamado principio de reserva, por el cual “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. Principio sobre el cual se asientan el derecho a elegir el plan de vida, a disponer del propio cuerpo y el principio bioético de autonomía, que priman en la conformación (y materialización) de los derechos sexuales y reproductivos.

E) Ley de Educación Sexual. El 4 de octubre de 2006 fue sancionada la Ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que establece el derecho de todos los educandos a recibir Educación Sexual Integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.

F) Ley de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. La Ley 26.618 de Matrimonio Civil fue sancionada el 15 de julio de 2010, la Ley 26.743 de Identidad de Género fue sancionada el 9 de mayo de 2012, ambas fruto de la lucha por la autonomía, la libertad y la no discriminación de todas las personas. Aunque estas leyes no se refieren exclusivamente a derechos humanos de las mujeres, su trascendencia e importancia deben ser destacadas como un importante avance.

G) Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 27.610, sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021. Establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana 14 inclusive, manteniendo la vigencia del derecho al aborto en casos de violación y riesgo para la vida o salud de la madre, sin límite de tiempo.

H) En materia penal se han incorporado importantes modificaciones al Código Penal que han significado un avance en cuestiones de género, tales como agravantes en materia de delitos contra la integridad de las personas (lesiones, homicidio calificado -femicidio-, aborto, acoso y abuso sexual, entre otros). 

En 1921 no se hablaba de género. El Código Penal, sancionado en esos años, fue pensado por y para el hombre (o, al menos, no pensado en la mujer). Los tipos delictivos fueron construidos en términos de neutralidad con respecto a los sexos. Salvo algunas excepciones que se sucedieron normativamente con el paso de los años. Actualmente, sin embargo, la sanción de los nuevos delitos de género por el Congreso Nacional ha significado la instalación y consecuente visibilización definitiva de la problemática de género en el Código Penal.

Las reformas penales que incorporaron los delitos de género son, evidentemente, una respuesta del Estado argentino no sólo a los permanentes reclamos de la sociedad y de los organismos no gubernamentales comprometidos en la lucha contra la violencia de género, sino también una respuesta a la manda internacional de criminalizar la violencia contra la mujer en los ordenamientos internos.

El femicidio -como acto de violencia extrema contra la mujer- no es sólo, ciertamente, un problema jurídico, sino que importa un problema que va asociado a conflictos de distinto signo, políticos, sociales, económicos, geográficos, etc.

El femicidio no es un homicidio porque haya resultado la muerte de una persona, sino el homicidio de una mujer por su pertenencia a un género determinado. Y porque el autor del delito siempre es un hombre. No se trata de una figura neutral, sino de una categoría jurídica distinta y con características distintas que se diferencia de los tradicionales delitos contra la vida. El femicidio es una epidemia que invade todos los estratos de la sociedad y, si bien se encuentra reprimido con la más grave de las penas, esto es prisión perpetua, estos aberrantes hechos siguen ocurriendo con mayor frecuencia.

En torno a ello cabe preguntarnos si la respuesta punitiva para los hechos de violencia de género es la opción más adecuada para enfrentar este flagelo o si es incapaz de hacerlo, siendo suficiente con otras medidas alternativas de menor intensidad, que sean capaces de inhibir a los potenciales agresores.

Entiendo que la opción político-legislativa más adecuada es la criminalización de la violencia de género en el Código Penal, ahora bien, no hay duda de que la vía penal no es la única herramienta con que cuenta el Estado, por lo tanto, si no se implementan programas de acción complementarios en todos los frentes (multisectorial, interdisciplinar y multilateral), la penalización de estas conductas se convertirá simplemente en una obsesión punitiva sin ninguna operatividad.

El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es un derecho garantizado por el Estado y por el Derecho Internacional, lo que implica que la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones debe ser reprimida y erradicada definitivamente. Esta es una decisión irrenunciable en un Estado de derecho democrático, pero los medios empleados para lograr tales objetivos deben enmarcarse necesariamente en los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional.

 

Silvia Maldonado, fiscal de Instrucción del Primer Turno de los Tribunales de Villa María

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