La autogestión contra viento y marea

Este julio, mes en el que se celebra el Día Internacional de Cooperativismo, comenzó con  una buena noticia para el sector. Una vez más, y pese al contexto de crisis (o tal vez por eso mismo) el espíritu asociativo y solidario, vuelve a rescatar del naufragio a un grupo de trabajadores que estaban por quedarse, como se dice comúnmente “en pampa y la vía”. 

Tras seis meses de resistencia y de ocupación de una fábrica textil de la provincia de Buenos Aires, tiempo en que los obreros, entre otras medidas, ocuparon los talleres de Sport Tech, la Justicia los habilitó para volver a producir bajo el nombre de Cooperativa 8 de enero.

 Así, los 65 integrantes de la flamante empresa recuperada (en su mayoría mujeres) pudieron ingresar a la nave principal, donde las máquinas juntaban el polvo del abandono y el óxido corrosivo del neoliberalismo. “Empezamos a limpiar y reacondicionarlas. Tenemos encargos de dos clientes para arrancar a producir y vamos a hacerlo cuánto antes”, explicó Fernando Castillo, un costurero con 15 años de antigüedad en la textil en cuestión, ahora cooperativa.

En este caso, el fantasma de la crisis de 2001 fue derrotado por el esfuerzo conjunto.

El fallo del juez Horacio Robledo, a cargo del juzgado en lo Comercial Nº 25, homologó un acuerdo que les dio el uso de las maquinarias y de la materia prima que había quedado dentro de la fábrica, así como de sus vehículos, luego de reconocer a los trabajadores como acreedores en el proceso de quiebra. De esta manera, cerró una larga pelea que había comenzado con un paro en el mes de enero para exigir al dueño, Pablo Enrique, el pago de salarios, aguinaldos y bonos adeudados. El conflicto incluyó tres órdenes de desalojo, el despliegue de la Infantería, un pedido de captura, noches de hostigamiento policial, movilizaciones al Congreso. Los trabajadores tuvieron el respaldo de la Intendencia de Gabriel Katopodis, que intervino para gestionar el acuerdo, y del Sindicato Unido de Costureros y Empleados del Vestido, de la CTA Autónoma, creado como parte del proceso.

“Los sindicatos oficiales actuaron muy mal. Una semana antes de empezar con la toma, trajeron un micro con obreros de Luján para tirarnos huevos. A las compañeras, muchas de ellas inmigrantes, les decían que las iban a deportar”, recuerda Castillo.

Las gestiones del municipio de San Martín, donde está emplazada la textil fueron varios: desde la provisión de colchones y alimentos hasta  la intervención para poder llegar a un acuerdo en defensa de los puestos de trabajo. La Intendencia, a cargo de Gabriel Katopodis,  ayudó a que la cooperativa pudiera alquilar el lugar, condonándole al dueño del inmueble los punitorios de una deuda con el municipio, con el compromiso de que les diera seis meses de gracia a los trabajadores en el pago del alquiler.

“Con este fallo de la Justicia salimos de un pozo: ya no tenemos encima la amenaza de desalojo. Pero somos conscientes de que vamos a salir a un mercado en retroceso por las políticas del gobierno nacional. Que encima ahora firmó el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que de ponerse en práctica va a abrir más la importación de productos textiles“, dicen en la cooperativa.

La fábrica está ubicada en Iturraspe 920, Villa Lynch, partido de San Martín, dentro del polo textil que llegó a ser el segundo del país y que hoy sufre los golpes cruzados de la caída del consumo, la apertura indiscriminada de importaciones y los tarifazos en los servicios. No son los únicos. En marzo bajó la persiana la fábrica de cosméticos Tsu, que tenía 150 empleados. Y en febrero, también dentro de San Martín, cerró Metalpar, la fábrica de carrocerías de colectivos más grande del país, con 600 despidos.

La ex-Sport Tech llegó a tener 300 trabajadores. Confecciona ropa para grandes marcas deportivas. Entre sus primeros encargos, la cooperativa tiene ahora un pedido de una Pyme de Villa Urquiza y otro de la marca Mitre, que viste a los clubes del ascenso.