Denuncia penal por evasión fiscal que involucra al municipio

“Fuimos con mi abogado a la Justicia Federal para denunciar un hecho de evasión impositiva agravada por parte del municipio”, dijo María Isabel Cardoso vocal titular (desde 2019) del Tribunal de Cuentas por la UCR en minoría, en la Municipalidad de Tío Pujio, cargo para el que resultó reelecta el 4 de junio pasado.

Agregó que “en los próximos días” realizará la misma acción ante la Justicia provincial, “para denunciar el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó, “habiendo agotado todas las vías administrativas”. “Sabían (las autoridades municipales) que este sería el siguiente paso”, agregó la mujer.

Resumió en que “se están pagando honorarios a una profesional a la que no se le quiere exigir la factura, como corresponde, lo que es una irregularidad que no se debe amparar desde un municipio”.

Cardoso marcó que “hubo una reunión donde expuse que como municipio no podemos ser cómplices de quien evade pagar impuestos al Estado, siendo el mismo Estado el que nos traspasa los fondos para esa obra”. Confió que la obra hoy está “frenada por otros factores” y se informó que gestionan fondos ante Nación, con un presupuesto estimado en 45 millones de pesos.

Lo denunciado

En cuanto a los hechos, la denuncia penal describe que “para la construcción, renovación, Parador oficial de la localidad, se contrató a la arquitecta Tamara Correa, según contrato Nº 157/2021, de fecha 24 de agosto de ese año” y que “el 10 de febrero siguiente, de acuerdo al relato brindado por Cardoso en la Fiscalía, se presenta en la sesión del Tribunal de Cuentas para la consideración y aprobación de la Orden de Pago Nº 271, que solamente viene acompañada por el contrato, sin presentar la factura correspondiente, por la suma de $4.996.615,68, en concepto de honorarios profesionales de la arquitecta Tamara Correa Linehart”.

“Inmediatamente hago la observación y como no me dan respuesta me dirijo al Concejo Deliberante, sin conseguir respuesta, por lo que decido asistir también al Ejecutivo Municipal, que está integrado por la intendenta Nancy Schiavi, el secretario de gobierno Ariel Petrocchi (quien además es esposo de la arquitecta mencionada) y la asesora letrada Sandra Lenti, que me responde por nota (que acompaña la denuncia), donde menciona una reunión previa entre el Ejecutivo y los miembros del Tribunal de Cuentas, junto a Pamela Moro, Darío Ludueña y yo, y dice que estábamos todos de acuerdo, cosa que no es así, además que se niega a brindarme una copia del contrato…”, narró Cardoso.

Repasó que “en esa reunión informaron que va a pasar esa orden de pago sin factura, porque la arquitecta es monotributista y se pasaba del monto permitido por Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Luego de mi negativa dijeron que era para evitar IVA y que el municipio se ahorraba de pagarlo, argumentos que no tienen sustento para una administración de los fondos del Estado”.

“En dicha reunión anticipé mi negativa, marcando que la Municipalidad no podía ser cómplice de un delito”, advirtió Cardoso.

Declaró, además, la denunciante: “El 28 de marzo de 2022 hago un pedido al DEM, transmitiendo mi inquietud por la falta de documentación correspondiente a la Orden de Pago Nº 271 y el pago parcial Nº 305 ya consumado por la suma de $1.521.546,89. También observé la Orden de Pago Nº 516 y su pago en efectivo Nº 529, por la suma de $243.058,26, que tampoco cuenta con la factura correspondiente del prestador de servicios, arquitecta Tamara Correa Linehart, esposa del secretario de Gobierno de la Municipalidad (Petrocchi) que ha autorizado varios pagos”.

En la Fiscalía, la tribuno de la oposición, aseguró, “quedaron copia también de la contestación que hizo a mis reclamos el DEM”. En ese marco, Cardoso indicó que solicitó a la Fiscalía, “se requiere al Tribunal de Cuentas las copias de las actas donde constan las observaciones de la orden de pago y de los pagos ya realizados y autorizados por los tribunos de Cuentas del oficialismo”.

“Entiendo que estas conductas pueden constituir ilícitos penales, por lo que es mi obligación como funcionaria, evitar la comisión de estos hechos y requerir una investigación por parte de la Justicia, por la supuesta comisión del delito de evasión agravada, conforme artículo 2 de la Ley Nacional 24.769”, cita al final la denunciante.