Causa Vialidad - Son 55 los cordobeses firmantes
Intendentes y jefes comunales apoyan a CFK
Encabezados por Martín Gill, los funcionarios sostuvieron que hay “persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación” y que “se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación”
Un grupo de 509 intendentes y jefes comunales de todo el país expresó ayer su apoyo a Cristina de Kirchner en relación con la causa Vialidad, en la que se investiga el desvío de fondos públicos para beneficiar a Lázaro Báez y otros exfuncionarios (incluida la expresidenta de la Nación).
En ese grupo, aparecen los nombres de 55 intendentes y jefes comunales de la provincia de Córdoba, encabezados por el jefe del Ejecutivo local, Martín Gill.
“Los intendentes del interior del país manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”, manifestó la nota y agregó: “La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que, bajo el maquillaje de la aplicación de la Justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.
En el documento se señaló que se trata de una “causa absolutamente armada a partir de una denuncia fraudulenta presentada por el exfuncionario del gobierno de la Alianza Cambiemos, Javier Iguacel, quien hizo caso omiso del informe interno que él mismo encargó ni bien se hizo cargo de la Dirección Administrativa de Vialidad porque sus resultados no revelaban ninguna irregularidad en la ejecución de las obras viales que se habían adjudicado en la provincia de Santa Cruz en el período anterior”.
“Ni sobreprecios, ni obras inconclusas ya cobradas. Nada que permitiese llevar a los estrados judiciales los ríos de tinta vertidos por los medios de comunicación dominantes, en lo que constituye una clara operación de lawfare que ahora tiene como objetivo estratégico el perpetrar la proscripción de la compañera Cristina, condenándola sin pruebas que lo justifiquen y extirpándole sus derechos políticos”, señalaron los firmantes.
“Las y los argentinos nos merecemos una Justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”, afirman los firmantes.
En el texto, además de Córdoba, hay representantes de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
