BELL VILLE - Tribuno de Cuentas
Denuncia ante la Justicia a la ITV por presuntas irregularidades
Lo primero apuntado es que no contaría con la presencia de un ingeniero responsable de verificar el estado de los vehículos que pasan por el taller, tal como consta en el pliego. A la falta de respuestas del municipio, Biasoli acudió a la FiscalíaEl tribuno de Cuentas municipal, Fernando Biasoli, presentó una denuncia en los Tribunales provinciales de la ciudad de Bell Ville por presuntas irregularidades en el funcionamiento del taller de Inspección Técnica Vehicular (ITV) local.
La presentación judicial fue realizada por el tribuno en la jornada del jueves, en el mostrador de la Fiscalía Nº 1 de la ciudad, “para que se investigue el accionar de la empresa que presta el servicio de ITV”, dijo a un cronista de El Diario. “Es necesario saber si es correcto cómo está funcionando”, agregó, en tanto, apuntó que “el pliego de contratación señala que debe existir un ingeniero responsable de la verificación del estado de los vehículos que se inspeccionan, y no estamos seguros de que así sea”.
Sin embargo, Biasoli afirmó que “esto no comenzó esta semana” y refirió que “este tema arrancó en enero de este año”. “Según los testimonios de algunos vecinos con los que hablé, la ITV no estaba cumpliendo con algunas cuestiones administrativas, así que me llegué y comencé a observar, además de releer el pliego de contratación. Visité el lugar y confirmé que había dos empleados, que no serían ingenieros, por lo que para conocer de qué se trataba, envié notas solicitando información o la adopción de medidas si existían anomalías, a la Asesoría Letrada del municipio, con copia a Intendencia, el 10 de febrero. Como no hubo respuestas, en marzo repetí y continuó el silencio de parte del Ejecutivo, por lo que envié otra nota en abril. En ese entonces, supe que habían labrado actas a la empresa de ITV, por lo que solicité información al Juzgado de Faltas, pero todavía no habían derivado a esa oficina y no encontré constancia… Fue el 29 de abril”, relató Biasoli.
Tras esos intentos, y “ya llegando a mitad del año, casi, reuní documentación certificada por escribano público y solicito ahora a la Justicia que investigue”, indicó. Entre esos indicios que recabó el tribuno “hay tres firmas de un supuesto ingeniero que no se parecen siquiera, y si bien no soy perito calígrafo, una de las tres no es similar para nada”, comentó.
“La verdad, pensaba que iba a tener una respuesta de los funcionarios municipales”, se lamentó el tribuno de Hacemos por Córdoba.
De todas maneras, apuntó que “lo peor del caso es que hay autos circulando, con permisos que no tienen la constatación de sus condiciones a cargo de un profesional responsable, cuando el espíritu y objetivo de contar con una inspección técnica en la ciudad nos podría resguardar de accidentes que se podrían prevenir, en caso de ser a causa de desperfectos mecánicos”.
“Es como funcionario público, y a sabiendas de que hay alguna anormalidad en la ITV, que hice una presentación para que el fiscal investigue y aporte claridad a esta situación”, dijo, y además hizo reserva ante la Justicia para “constituirse oportunamente como querellante”, además de ofrecer su colaboración “para la investigación y esclarecimiento”.
Biasoli entregó también, en el mostrador de la Fiscalía, “una copia del decreto y el pliego de licitación”. Pidió a la Justicia que trate de obtener las actas labradas por inspectores municipales que asistieron al taller de la ITV, porque “ellos habrían constatado que el ingeniero no estaba cuando fueron”, por lo que se repreguntó, “entonces, ¿quién firmaba los certificados cuando no estaba el ingeniero?”, e insistió: “No sé si esos certificados tienen validez o no, pero esto genera un peligro bárbaro, para eso se puso la ITV”.
“El pliego es claro: mientras esté funcionando, debe haber un ingeniero responsable en el lugar”, remarcó. Dijo que, “si no se cumple con lo que marca ese contrato, el municipio debe tomar medidas” y citó “el caso de un concesionario a cargo de mantenimiento de espacios verdes en la ciudad, que como no habría hecho bien su trabajo, le quitaron esa concesión”.
“La Municipalidad pone la ITV para que circulen vehículos en condiciones y no estamos prestando la debida atención”, concluyó el tribuno.
La anterior prestataria de la ITV en la ciudad celebró con la Municipalidad, en mayo del año pasado, una rescisión consensuada del contrato y las autoridades se aprestaron, con autorización del Concejo Deliberante, a garantizar la continuidad del servicio con un nuevo prestador. Por ese motivo y en base con lo que establecen las Leyes de Tránsito; la Ley Provincial N° 9878, la Ley Nacional Nº 24.449, y a la Ley Nacional Nº 26.363, ley que crea a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la que el Municipio de Bell Ville ya ha adherido mediante Ordenanza, y plantea “imperioso contar con una planta de ITV en la ciudad, a los fines de que todos los vehículos con una antigüedad mayor a los tres años y de ahí con una periodicidad de un año a seis meses, de acuerdo a su antigüedad, tengan obligación y tengan un lugar donde realizar la Inspección Técnica Vehicular, a los fines de tener un control del estado de los vehículos que circulan por nuestra ciudad, a los fines de evitar accidentes de tránsito, también contralor de dos cuestiones ambientales importantes que son las emanaciones de gases y la contaminación sonora y, a su vez, controlar el seguro obligatorio que, al menos una vez por año, el Municipio se garantiza que, en aquellos vehículos con mayor antigüedad de años, tengan que pasar por estos controles”, reza el acta 2022, del 16 de septiembre de 2021 del Concejo Deliberante bellvillense.
Acto seguido, se aprobó el nuevo llamado a licitación pública.
La nueva empresa a cargo de la ITV en la ciudad atiende desde el 3 de enero en las instalaciones de ruta 9, km 501, entre los dos accesos por zona norte.
La firma concesionada por el municipio para la Inspección Técnica Vehicular es para vehículos de uso particular, autos, pick-ups, furgones y motovehículos, otorgándose los certificados de validez nacional y de hasta dos años de duración.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispone el funcionamiento del sistema de revisión técnica obligatoria (RTO) para todos los vehículos que integren el parque automotor particular.
