TIO PUJIO - Le cortaron el suministro de agua y energía eléctrica
Denuncian que avasallan los derechos humanos de la familia del extambero
Se trata de un peón rural que sufrió un ACV y no puede realizar ya las tareas en el campo, de donde lo quieren desalojar, y esta semana le cortaron el agua y la electricidad. Sus abogados afirman que se trata de “un aberrante avasallamiento a los derechos humanos”
“El patrón decidió cortar la luz y el agua. Nos quieren desalojar y estamos en el campo, casi sin poder salir ni entrar. Nos ponen horario y nos cierran la tranquera…”.
El relato de una mujer, cargado “de impotencia y desesperación”, según ella misma lo califica, llega de una familia radicada en un tambo en la zona rural de Tío Pujio, donde se desempeñan “desde 2009 como tamberos y tareas generales de peón rural”. Tras cesar la actividad lechera, continuaron “con cuidados de animales y mantenimiento”, aseguran. Ese trabajo cesó en noviembre de 2019, José (así denominaremos al empleado para resguardar su identidad y evitar perjuicio alguno en la vía judicial; de la misma manera llamaremos María a su esposa y solo patrón al dueño) sufrió un ACV (Accidente Cerebro Vascular) que lo dejó disminuido o impedido en un 70% de sus capacidades y se mantiene bajo tratamiento médico.
Un estudio de abogados de Villa María lleva adelante una demanda en el Juzgado de Conciliación Laboral por este motivo de “Riesgo de Trabajo”, desde hace poco menos de dos años, en tanto tramitan, en paralelo, una demanda indemnizatoria por despido y reclaman la situación registral irregular (“en negro”) que mantuvo la patronal, de la que dependió al menos por una década.
En contrapartida, enfrentan una causa para lograr el desalojo de la familia, a la que en los últimos días interrumpieron el servicio de energía eléctrica y dejaron además sin agua (alimentado por bomba de extracción), suministro que habían cortado unas cuantas jornadas antes.
“Estamos hablando de un aberrante avasallamiento de derechos humanos”, deslizaron desde el bufé de letrados, tratando de evitar dar la identidad “de un patrón de gran prestigio en la sociedad, lo que lo hace más inconcebible”. “Son servicios vitales y esenciales, más en la ruralidad”, agregaron.
Respecto a las tareas desempeñadas por José (hoy con 65 años), María, y algunos de sus hijos (siempre participan uno o dos en estos trabajos), los abogados marcaron que “se trata de una explotación tripartita, donde al inicio el hombre realizaba el tambo, pero además afrontaba tareas generales, hacía de todo, y luego, al cesar en la tarea del tambo, continuó con el cuidado de animales, mantenimientos y demás, como peón rural”.
Sobre el ACV, los abogados indicaron que ese episodio se produjo mientras José realizaba “tareas de cuidados varios”, después vinieron “fuertes discusiones con los propietarios y de manera insistente le fueron pidiendo que renunciara, que se fuera del campo”.
Sin vehículo para salir
“El 18 de noviembre del año 2019 mi padre sufre un ACV, producto de una pelea con su empleador. A raíz de esto, el mismo no puede continuar con sus trabajos habituales y por este motivo su patrón decide, sin mediar palabras, despedirlo sin aviso previo ni notificación, y sin abonar ningún tipo de indemnización. Dejando a mi papá a la deriva, atravesando un delicado estado de salud”, relató uno de sus hijos.
Esa situación tiene a José llevando adelante un tratamiento y controles médicos periódicos, pero “el remís que lo viene a buscar no puede ingresar al campo”, narró María. “Debemos solicitar que abran la tranquera para poder ingresar o salir, tampoco familiares, y solo podemos ingresar caminando…”. El peón debe caminar uno 1.000 metros hasta el portón, ya que no dejan ingresar transporte alguno. Es más, María trabaja en el pueblo ahora y asegura: “Yo tengo que regresar antes de las 17. El otro empleado tiene orden de cerrar con candado y no dejarme ingresar después de esa hora”.
“Tanto mi papá como su familia nos encontramos en una situación de vulnerabilidad extrema como consecuencia de la desprotección por parte de nuestros empleadores”, añadió el hijo.
La demanda civil, acción judicial para el desalojo de la familia trabajadora rural, seguiría avanzando y temen que sea inminente que deban dejar la única casa que tienen para vivir. Los abogados plantearon una excepción, pero “esta gente no tiene nada, necesita un lugar para vivir, para afrontar una locación, y más en la situación de discapacidad en que se encuentra el hombre”, advirtieron. Mientras tanto, José logró tramitar su jubilación en la ANSES (desde hace seis meses percibe sus haberes) y María se manifestó agradecida de poder concretarla a partir de una moratoria.
