Llaryora, “no” a la Ley de Presupuesto

El gobernador Martín Llaryora salió a marcar la posición de Córdoba frente al proyecto de Presupuesto nacional 2027 y reclamó que los legisladores nacionales por la provincia no acompañen los recortes previstos en áreas sensibles. El planteo se produce mientras el Gobierno nacional busca avanzar con la llamada “ley de leyes” y negocia con los bloques aliados los votos necesarios para su aprobación.

El principal punto de conflicto para Córdoba es la política de discapacidad. Llaryora sostuvo que “los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables” y cuestionó las modificaciones que el Ejecutivo nacional incorporó al proyecto presupuestario.

La iniciativa modifica disposiciones de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y elimina mecanismos vinculados con el financiamiento y la actualización de las prestaciones. La discusión se da mientras la Cámara de Diputados analiza, en paralelo, la posibilidad de prorrogar la emergencia durante 2027.

“No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto nacional que afecte estos derechos”, planteó el gobernador, quien advirtió además que una menor participación del Estado nacional en el financiamiento podría poner en riesgo la continuidad de distintas prestaciones.

El reclamo no comenzó este domingo. Durante la semana, funcionarios y legisladores cordobeses ya habían cuestionado los cambios incluidos en el Presupuesto. Liliana Montero, secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia, planteó reparos al impacto que las modificaciones podrían tener sobre el sistema, mientras que otros representantes cordobeses llevaron la discusión al Congreso.

La posición provincial también se inscribe en un reclamo más amplio sobre el reparto de responsabilidades entre Nación y las provincias. Llaryora sostuvo que Córdoba continuará trabajando con municipios y organizaciones para sostener la atención, pero advirtió que ese esfuerzo no alcanza si el Estado nacional reduce su participación.

Desde la Provincia remarcan que el problema no se limita al monto de una partida presupuestaria. La discusión alcanza el sostenimiento de una red de instituciones y profesionales que brinda tratamientos, acompañamiento, transporte y otras prestaciones que, ante una reducción de recursos nacionales, podrían quedar bajo mayor presión financiera.

Universidades, otro punto de conflicto

El capítulo de discapacidad no es el único que genera reparos en Córdoba. El proyecto de Presupuesto 2027 también abrió una discusión por los recursos destinados a las universidades nacionales, que vienen reclamando una actualización de sus partidas para funcionamiento, salarios e infraestructura.

El Consejo Interuniversitario Nacional  (CIN) cuestionó los fondos previstos para el próximo ejercicio y planteó que resultan insuficientes frente a las necesidades del sistema. La discusión universitaria se suma  a otros sectores que reclaman modificaciones al proyecto antes de su tratamiento final.

Para Córdoba, además, el debate presupuestario vuelve a poner sobre la mesa la relación financiera entre Nación y las provincias.

El reclamo por mayores recursos para determinadas áreas se combina con la preocupación por las responsabilidades que los gobiernos provinciales terminan absorbiendo cuando disminuye la participación del Estado nacional.

En este escenario, la postura de Córdoba adquiere relevancia dentro de la negociación parlamentaria. El oficialismo nacional necesita construir acuerdos para aprobar el Presupuesto y comenzó a revisar algunos de los puntos que generan mayor resistencia, entre ellos los recursos para discapacidad y universidades.

Por ahora, Llaryora fijó una posición concreta sobre esos capítulos, pero no existe una decisión formal de la Provincia de rechazar en su totalidad el Presupuesto. La discusión continuará en las comisiones del Congreso y será allí donde se definan los cambios que finalmente llegarán al recinto.

Para el gobernador, el debate no puede reducirse a una cuestión de números.

“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, sostuvo Martín Llaryora, al reclamar que el Estado nacional mantenga su responsabilidad en el financiamiento de las políticas de discapacidad.

MINISTERIO DE SEGURIDAD - Participó en reunión con ministerios nacionales

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Seguridad, participó la semana pasada en la III Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, desarrollada en San Juan, un espacio de articulación entre la Nación y las provincias para compartir experiencias, capacidades y herramientas para fortalecer políticas de seguridad.

La delegación cordobesa fue encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y también estuvo integrada por el jefe de Policía de Córdoba, Marcelo Marín; el subjefe de Policía, Alberto Bietti; y el subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Seguridad, Martín Soda.

La jornada tuvo como anfitriona a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y contó con la participación de ministros y responsables de Seguridad de las distintas provincias, además del secretario del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco. Durante el encuentro se intercambiaron herramientas y estrategias para abordar fenómenos criminales que requieren coordinación entre jurisdicciones, entre ellos el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas y las nuevas modalidades delictivas. En este marco, se presentó el programa para la detección y bloqueo de IMEI/IMSI en establecimientos penitenciarios, una herramienta orientada a prevenir el uso de comunicaciones móviles para la planificación y coordinación de delitos desde las cárceles, además exposiciones vinculadas al bienestar de las fuerzas de seguridad.

La participación de Córdoba en el Consejo de Seguridad Interior permitió, de esta manera, profundizar el intercambio con la Nación y las demás provincias en materia de información, tecnología, experiencias y herramientas para la prevención y respuesta frente al delito.