La Unicameral aprobó la “Ley Antibúnker”

La Legislatura de Córdoba aprobó ayer el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantadero que impulsó el gobernador Martín Llaryora. Esta nueva normativa dota al Estado provincial de un marco jurídico y administrativo ágil para intervenir de manera directa sobre propiedades e inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes, el desarrollo de actividades delictivas o que se encuentren en estado de abandono facilitando el delito.

Entre las principales acciones que contempla la ley figuran el tapiado y cerramiento de los accesos, la aplicación de clausuras provisorias, los bloqueos estructurales, el aseguramiento edilicio y la disposición de custodias policiales continuas para evitar que los espacios sean usurpados o reutilizados por bandas criminales.

La aplicación de la norma demandará una fuerte articulación institucional. Para ello, con la promulgación de la ley comenzarán a funcionar la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos. Estas dependencias tendrán la responsabilidad de coordinar las acciones operativas en el territorio entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de la Provincia de Córdoba y los gobiernos locales.

Otro de los puntos centrales de la propuesta votada en el recinto regula el destino económico de los recursos y bienes secuestrados en las causas vinculadas al narcotráfico y el narcomenudeo: La ley fija un esquema de distribución porcentual obligatorio por el cual el sesenta por ciento de lo recaudado por el decomiso será destinado al fortalecimiento operativo, logístico, tecnológico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Mientras que, el 40% restante financiará programas de prevención y abordaje integral de las adicciones impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.