Comunicado de la Unión Industrial de Córdoba
“La industria no puede producir en la ley de la jungla energética”
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) expresó nuevamente “su profunda preocupación por la crisis energética que atraviesa el sector productivo en pleno invierno”. La entidad denunció que “las restricciones e interrupciones de gas, que alcanzaron incluso a contratos firmes y semifirmes, afectan la continuidad operativa de las industrias que dependen de este insumo esencial”.
Desde la organización aclararon que “no están hablando de una incomodidad administrativa”, sino de plantas que se ven obligadas a reducir su actividad, reorganizar procesos, incumplir programas de entrega o asumir costos extraordinarios para poder seguir funcionando.
El impacto en los precios
La UIC apuntó contra la falta de previsión del sistema y remarcó que las consecuencias “golpean de lleno” a las pequeñas y medianas industrias, las cuales son “las más vulnerables y no cuentan con estructuras para resolver individualmente una crisis que es sistémica”. En ese sentido, la cámara criticó que las empresas “no pueden convertirse, de un día para otro, en especialistas en licitaciones de GNL o contratos energéticos complejos cuando su función principal es producir”.
Por otra parte, advirtieron que cada corte obliga a reemplazar el gas por alternativas mucho más caras, un sobrecosto que entra directo en la estructura de cada empresa. Según explicaron, este panorama se proyecta sobre toda la cadena de valor: “Encarece la producción, presiona los precios, debilita la competitividad y pone más tensión sobre el empleo”. Los industriales enfatizaron que, en una economía que necesita bajar la inflación y recuperar actividad, “tener una energía incierta y cara es exactamente lo contrario de lo que el país necesita”.
Falta de transparencia
Otro de los puntos señalados en el documento es “la falta de transparencia, la asimetría de información y los criterios poco claros sobre la disponibilidad real de gas en el sistema”. Ante este escenario, la UIC reclamó que el Estado debe prevenir, ordenar y hacer cumplir las reglas de juego. De lo contrario, alertaron que el mercado queda librado a una lógica de "ley de la jungla", donde prevalece quien tiene mayor capacidad de negociación, en lugar de un sistema transparente y equitativo.
