Reanudarán las tareas de rastrillaje en La Perla

El Juzgado Federal N.° 3 de Córdoba confirmó el inicio de una nueva etapa de excavaciones en el predio donde funcionó el excentro clandestino de detención La Perla.

El operativo denominado “Campaña 2026 – La Perla”, comenzará el próximo 4 de mayo bajo la dirección técnica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y con la aprobación del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.

La intervención, que busca profundizar el trabajo de localización y recuperación de restos óseos humanos en el espacio donde funcionó uno de los principales centros clandestinos del país, se llevará a cabo en una superficie de tres hectáreas situada en la zona de la Loma del Torito, dentro de la Reserva Natural Militar de La Calera.

Esta área es colindante al sector donde, en septiembre de 2025, se localizaron restos óseos que permitieron avanzar en el proceso de identificación de víctimas del terrorismo de Estado.

Identificaciones y antecedentes

La reanudación de las tareas se produce luego de que el trabajo de laboratorio y el cotejo de perfiles genéticos permitieran identificar a doce personas que permanecían desaparecidas.

Entre los nombres difundidos por el Juzgado se encuentran Mario Alberto Nívoli Gauchat, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Óscar Omar Reyes, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, una de las mellizas Carranza Gamberale (Adriana o Cecilia) y Raúl Oscar Ceballos Cantón, además de otros cinco ciudadanos cuyas identidades fueron confirmadas recientemente.

De acuerdo con las estimaciones judiciales y testimonios de sobrevivientes, se estima que en el predio de La Perla, ubicado entre la capital cordobesa y Villa Carlos Paz, estuvieron cautivas entre 2.200 y 2.500 personas entre 1976 y fines de 1978.

Coordinación institucional

La campaña cuenta con la cooperación del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y el apoyo logístico de la Provincia y el municipio.

Mientras que el financiamiento de las tareas, que se extenderán hasta finales de septiembre, está garantizado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba.