Cobrarán los gastos a los responsables

El Gobierno de Córdoba formalizó una política de “tolerancia cero” ante la creciente ola de intimidaciones públicas en establecimientos educativos.

A través de un nuevo protocolo diseñado por el Ministerio de Seguridad, se estableció que quienes generen falsas alertas no solo enfrentarán las consecuencias penales correspondientes, sino que deberán afrontar el costo financiero de los operativos de seguridad que sus acciones demanden.

Afrontar costos

La normativa establece que, una vez identificados los responsables, el Estado procederá a cuantificar de manera detallada los recursos humanos y materiales utilizados. Esto incluye el despliegue de patrullas, brigadas especiales, cuerpos de bomberos, personal de explosivos y equipos de investigación.

Estos gastos serán reclamados directamente a los padres o adultos responsables de los menores involucrados,  mediante intimaciones de pago y, en caso de ser necesario, acciones judiciales civiles para garantizar el cobro.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros (foto), fundamentó la severidad de la medida señalando el impacto negativo en la seguridad general de la población. “Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”, explicó el funcionario.

El protocolo se implementará en  coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas del Ejecutivo.

Asimismo, Quinteros remarcó que “no se trata de hechos menores, sino de conductas que alteran el normal funcionamiento escolar, generan angustia en estudiantes, docentes y familias, y obligan a una respuesta inmediata del Estado”.

“Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, enfatizó el ministro.