“Genocidio sanitario”

La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero (foto), lanzó duras críticas contra las políticas sanitarias del Gobierno nacional tras conocerse la nueva resolución que recorta de manera drástica los programas de asistencia de medicamentos a las familias. Montero fue enfática al respaldar el término “genocidio sanitario”, señalando que detrás de cada recorte hay personas y familias que se quedan sin la posibilidad de adquirir fármacos esenciales para sus tratamientos. 

En diálogo con laRadio del Centro del País (FM 90.1), la funcionaria recordó que el Plan Remediar fue creado en 2002 (tras la crisis del año anterior) con el objetivo fundamental de garantizar el acceso a los medicamentos en el primer nivel de atención (centros de salud y dispensarios) a aquellas personas sin cobertura social. Sin embargo, denunció que la gestión actual de Javier Milei ha desfinanciado sistemáticamente este y otros programas sanitarios. “Entre 2022 y hoy, la merma de este plan ha estado casi en el 70%. Entre el año pasado y este, tuvimos una baja de casi el 47,5% de los botiquines que recibían los municipios y los centros de salud”, detalló Montero.

Esta situación, explicó, genera un impacto inmediato en tres niveles: “Las familias, especialmente las más carenciadas, que ven interrumpidos sus tratamientos médicos ante la imposibilidad de comprar los remedios por sus propios medios”. Agregó que “los municipios, que actúan como la primera línea de respuesta sanitaria, ahora deben absorber la demanda y los costos que la Nación abandona”.

En cuanto al sistema sanitario provincial, señaló que con esta medida, “sufre una descompensación generalizada al saturarse los hospitales por falta de prevención primaria”.

Reclamos formales y un Estado nacional ausente

Ante este escenario, la Provincia ya formalizó tres acciones concretas: una solicitud de audiencia urgente con el ministro de Salud de la Nación, un pedido formal para la restitución del Plan Remediar como política federal y el planteo de que, si las provincias deben administrar un programa de esta magnitud, se transfieran los recursos correspondientes. 

Consultada sobre la posibilidad de que esta decisión sea revertida, Montero se mostró escéptica basándose en los antecedentes del Ejecutivo nacional con otros programas como el Incluir Salud, SUMAR o las políticas destinadas a discapacidad. “Si este gobierno no aporta en salud, educación, jubilaciones ni discapacidad, la pregunta es: ¿a qué se dedica el Gobierno nacional? ¿Dónde está la plata de los argentinos que aportamos al Estado central?”, cuestionó.