“Pretenden limitar el derecho a huelga”

“El dictamen que ha salido de la comisión de educación, en el Congreso Nacional, de declarar a la educación como servicio esencial para que pueda ser tratado por la Cámara de Diputados, nos preocupa muchísimo”, dijo Roberto Cristalli, secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

En esa misma línea, dijo que tanto en el sindicato que lidera, “como CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) y el resto de los gremios docentes, hay preocupación, atendiendo que lo único que se pretende, en este caso, es limitar el derecho a huelga”.

“Por un lado, aquellos que impulsan y que están sosteniendo la suspensión de la paritaria nacional, la suspensión del financiamiento educativo, el no pago del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), el no envío de fondos para los fondos compensadores, para comedores escolares, para planes y programas nacionales, son los que están impulsando declarar la educación como servicio esencial”, explicó Cristalli.

También marcó que “lo único que está manifestando es, primero, limitar el derecho a huelga; segundo, tener un 30% de docentes en las escuelas, lo que no es para garantizar el servicio educativo, sino solamente para garantizar que los chicos estén en la escuela y alguien los cuide, porque en todo el territorio provincial, los comedores escolares -en el caso de Córdoba, el Paicor-, funcionan independientemente de si hay medidas de fuerza o no”. “Entendemos que la educación no es un servicio esencial. La constitución así lo establece. Y lo único que se está pretendiendo acá es avanzar en un sistema de privatizar el sistema educativo. No con lo que dice la ley de educación nacional, que la educación es un derecho, es un derecho social y que debe estar garantizado con recursos del Estado”, añadió el dirigente.

Por último, indicó que van a “seguir exigiendo al Gobierno nacional que se restablezca por ley la paritaria nacional, el fondo de financiamiento, el FONID, en los términos en los que veníamos cobrando hasta ahora, que existen mayores recursos para las universidades y, por supuesto, vamos a rechazar y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, gremialmente y legalmente, para que la educación no sea declarada un servicio esencial, se mantengan los derechos, las condiciones y los recursos para que sea el estado el que garantice la educación gratuita, laica y pública”.