Notorios empresarios están siendo investigados

Una investigación llevada a cabo por la periodista María Ester Romero, para Perfil Córdoba, permitió conocer detalles de la causa que lleva adelante el fiscal Carlos Casas Nóblega para determinar fehacientemente los movimientos millonarios en dólares realizados en una presunta mesa de dinero en la que operaban conocidos hombres de negocios de Córdoba, bautizados como “La Banda de los Chetos”.

“La Fiscalía analizó la información bancaria contenida en la respuesta de la Autoridad Central de los Estados Unidos, todos los movimientos bancarios y quiénes los hicieron. Esos datos se cotejaron con las intervenciones telefónicas y los resultados de las pericias sobre los teléfonos celulares de los integrantes de la financiera ilegal”, explicó el citado medio.

Y agregó: “Con ese mapa se pudo determinar la identidad de quienes operaron elevadas sumas de dinero en dichas maniobras conocidas como ‘operaciones de cable, compensación o conciliación de cuentas’”, que “consisten en transferencias internacionales desde y hacia las cuentas bancarias que Azar y su gente manejaban en los Estados Unidos de América y su correspondiente compensación con la recepción o entrega de dólares en billete en la sede de la financiera con sede en el Complejo Vistalba, ubicado en avenida Laplace 5442, oficina 213, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba”.

“Concretamente, se identificó a cada uno de los remisores y destinatarios de los giros, utilizando herramientas como ‘Open Corporates’, ‘NOSIS’, Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y boletines oficiales del exterior, además de la información que ya se tenía en la Justicia en el expediente principal sobre la financiera de Azar”, informó Perfil Córdoba.

Y puntualizó que “la pesquisa -sobre la cual se llevan adelante numerosas indagatorias en las últimas dos semanas- contiene abundante prueba, tal como imágenes de transferencias extranjeras realizadas, de cheques extranjeros recibidos para ser posteriormente depositados en los Estados Unidos y hasta conversaciones telefónicas con los clientes”.

Uno por uno

Los empresarios imputados por evasión agravada y los respectivos montos que habrían sacado o ingresado al país eludiendo controles fiscales son: Christian José Flores (USD 7.171.479), Luis Alberto Crespo de Endeavor Program Management Inc (USD 574.626), Ezequiel y Alejandro Hayes Coni de H&H Oufitters SA (USD 1.636.176 y USD 1.257.415), Hugo Bianchi, del restaurante Il Gatto (USD 725.000), Marcos Manuel Vidal Lascano (intermediario), Agustín Martínez (USD 605.796), Juan Ignacio Maggi, del Grupo Jean SA (USD 605.100); Juan Carlos Rabbat, fundador de la Universidad Siglo 21 (USD 600.000), Eduardo Daniel Salerno (USD 551.330), Rafael Amuchástegui y Daniel René Hernández (USD 480.000); Juan Pablo Enseñat, de Medialunas calentitas, y Paola Bianchi (USD 330.000), Sebastián Fernández (USD 307.020), Raúl Pedro Ropolo (USD 280.000), Tomás Frontera Aliaga (USD 273.366), Horacio Francisco Sebastián Durán Barrionuevo (USD 270.313), Matías José Mayor Gavier (USD 262.000), Santiago Andrés Clapera (USD 237.256), Franco Agustín Chulfaian (USD 233.500), Julio Eduardo Páez (USD 328.325), Jorge Mohammed Mur Badrán, de Acord Group SRL (USD 225.538), y Alberto Rodolfo Rufino (USD 578.000).

Sgún indicó la periodista Romero, “en las dos últimas semanas el juez subrogante del Juzgado Federal 1, Alejandro Sánchez Freytes, inició las indagatorias”.

El precedente

De todas maneras, la comunicadora deslizó una suerte de advertencia para los amantes de la justicia, al mencionalr el caso Grido, al que definió como “un faro para los evasores”. Es que en agosto de este año, el Tribunal Oral Federal 2 aplicó la ley más benigna y sobreseyó a los dueños de la empresa Helacor SA que fabrica y comercializa esos helados.

Cuando estaban próximos a ser juzgados por delitos tributarios, sus defensores solicitaron a los jueces la aplicación retroactiva de la Ley de blanqueo 27.743 y el Decreto reglamentario 608/2024, ambos del actual Gobierno nacional de Javier Milei.

Por mayoría, el TOF2 concedió la solicitud y dictó la extinción de la acción penal. El fallo no estuvo exento de debate. Uno de los vocales votó en contra, en severos términos, y el fiscal general Carlos Gonella, olivense criado en Villa María y Villa Nueva, recurrió en casación, aunque todavía no hay definición de la Cámara Federal correspondiente.

“Es posible que los defensores del caso Azar intenten la misma vía. Resta esperar la actitud que adoptará el juez Sánchez Freytes”, concluyó el medio.