UNC - Violación de DD.HH. de estudiantes durante la dictadura

La Facultad de Derecho accedió a un pedido de la Justicia

Por el requerimiento de dos funcionarios judiciales villamarienses

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Córdoba (UNC), hizo lugar al pedido de la Justicia en relación con episodios violatorios de los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar  acaecida entre 1976 y 1983 y expresó su repudio a tales  hechos, mediante un documento dado a conocer en los últimos días y que transcribimos a continuación:

“El Honorable  Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional  de Córdoba  declara (su) enérgico rechazo a la práctica de expulsión de estudiantes, sin respeto de las más elementales garantías constitucionales y legales en las universidades nacionales durante la última dictadura militar, y en  especial a la Resolución Nº 521 del delegado militar en la Universidad Nacional de Córdoba, de fecha 20 de mayo de 1976, en la cual se dispuso esa medida respecto de los siguientes estudiantes de esta Facultad: Liliana Teresa Gel, Graciela Susana Geuna,  Jorge Omar Cazoria y Eduardo Loto”,

La solicitud, a la que la UNC hizo lugar, había sido presentada oportunamente por dos funcionarios judiciales villamarienses: Carlos Gonella y Facundo Trotta en los siguientes términos:

“Carlos Gonella, fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, titular de la Unidad de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones masivas y sistemáticas de los DD.HH. durante el terrorismo de Estado 1976-1983;  Facundo Trotta, secretario letrado de la Procuración General de la Nación y auxiliar fiscal federal; ambos intervinientes en casos por delitos de lesa humanidad que se tramitan en Córdoba; César Theaux,  docente de la Facultad de Derecho de la UNC; y Graciela Susana Geuna, exalumna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, respetuosamente se dirigen a usted por los motivos que a continuación se describen: que mediante Resolución N° 521, de fecha 20 de mayo de 1976, firmada por el comodoro Oscar Juliá y el comodoro Jorge Luis Pierrestegui (delegados militares que intervinieron nuestra Facultad), se resolvió la expulsión de las alumnas y alumnos de las distintas facultades de la UNC, incluida la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por supuestas prácticas reñidas con el art° 7 de la Ley 21.776, que prohibía el ‘adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación política, gremial docente, estudiantil y no docente’.

Que de esta Facultad, se listaron a las siguientes alumnas y alumnos: Liliana Teresa Gel, Graciela Susana Geuna, Jorge Omar Cazoria y Eduardo Loto.

Que teniendo en cuenta que los fundamentos contenidos en la referida resolución para la expulsión de dichas personas -entre otras de diferentes facultades- se alejan profundamente de los principios basales de la Reforma Universitaria, además de avasallar todas las garantías ciudadanas del debido proceso y que fue dictada por un gobierno que usurpó el poder de facto en el marco de un plan sistemático y generalizado contra la población civil; los abajo firmantes solicitan:

Que se dicte: 1) una Resolución Decanal Repudiando estas listas propias de la última dictadura cívico militar; 2) Se inste en el Consejo Superior una Resolución Rectoral en igual sentido; 3) Se restituyan los legajos de los estudiantes y se especifique su situación de detenidos-desaparecidos, para el caso que corresponda. Con la resolución del Consejo Directivo de la mencionada Facultad, la Justicia que busca encontrar la verdad sobre la violación de los derechos humanos y así reivindicar la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado en Córdoba, da un paso más en pos de su objetivo”.