Escándalo en Córdoba
La Justicia actuó en la Casa Radical tras una denuncia de peculado
La UCR aclaró que el acto investigado fue organizado por el Frente Cívico, al tiempo que culpó a Martín Llaryora. Después los lideres de Juntos por el Cambio en la provincia apuntaron contra Cristina
La Justicia federal ordenó hoy un allanamiento en la Casa Radical, ubicada a pocos metros del Patio Olmos de Córdoba, en el marco de una investigación por un locro que organizó el senador de la colación, Luis Juez, el pasado 1 de mayo.
El operativo lleva la firma del juez subrogante Miguel Hugo Vaca Narvaja, luego de la denuncia presentada por el abogado Rafael Ortiz, por peculado de trabajos y servicios.
La Justicia solicitó la investigación sobre los servicios que prestaron efectivos del Tercer Cuerpo de Ejército en ese acto, ya que el denunciante aseguró que personal del Ejército aportó logística en la elaboración del locro.
Desde la Unión Cívica Radical, emitieron un comunicado firmado por el presidente del comité central de la provincia, Marcos Carasso, donde niegan que se haya realizado un allanamiento, sino que se trató de un “pedido de informe”.
Carasso afirmó en todo momento que la responsabilidad del acto es del Frente Cívico, es decir, de Juez.
“Solo fuimos invitados y no tuvimos ninguna participación en la organización”, afirmó Carasso.
¿Llaryora o Cristina?
En un principio, la UCR emitió un comunicado en el que remarca que le llama “poderosamente la atención” lo que hizo la Justicia “y que no se ocupe de lo que la Municipalidad de Córdoba” que gobierna Martín Llaryora.
Horas después, los 6 partidos políticos que conforman Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba dijeron observar “con suma preocupación los hechos ocurridos esta mañana, cuando efectivos de la Policía Federal, bajo las órdenes de dos magistrados pertenecientes a Justicia Legítima, Senestrari y Vaca Narvaja, ingresaron a la histórica sede partidaria de la Unión Cívica Radical en la Ciudad de Córdoba, con el pretexto de investigar una denuncia realizada por un abogado ligado a Carlos Zannini, funcionario de máxima confianza de la vicepresidente Cristina Kirchner”.
Vale recordar que, en nuestro país, el peculado es un delito contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo; o emplea en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.
