Consideran que el crimen de Blas es un "claro caso de violencia institucional"

Una integrante de Amnistía Internacional en Argentina, que actúa como "observadora" en el juicio por el crimen de Blas Correas (17), asesinado de un balazo en un control policial en Córdoba, en agosto del 2020, en pleno aislamiento por la pandemia del coronavirus, aseguró ayer que el homicidio del adolescente de 17 años configuraba un caso de "violencia institucional" que no fue "aislado ni exclusivo" de esa provincia, y afirmó que su rol es "asegurar las garantías del proceso y que se haga justicia".

Se trata de la directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Argentina, Noelia Garone, quien, como observadora del juicio por jurados al que responden 13 policías de Córdoba por el crimen de Blas, busca que "se cumplan las debidas garantías del proceso, que haya esclarecimiento y se haga justicia". Apuntó, además, que se requieren "cambios profundos en lo institucional y estructural de las fuerzas de seguridad" para evitarlos.

Garone dijo a Télam que lo que le ocurrió a Blas Correas "no es un caso aislado ni exclusivo de Córdoba. Son situaciones que vienen de larga data y ocurren en todo el país por el uso arbitrario de las fuerzas de seguridad".

La conducta policial de atacar a balazos el automóvil donde se transportaba Correas, no prestar atención médica de emergencia ni trasladarlo a un centro asistencial cuando todavía estaba con vida y el maltrato a los familiares "son delitos de violencia institucional", por lo tanto, "el Estado debe responder por esas violaciones a los derechos humanos", aseveró Garone.

Amnistía Internacional fue admitida como 'observador' del juicio que, desde el 7 de septiembre, se realiza en los tribunales de la capital de Córdoba en contra de 13 efectivos policiales acusados por distintas responsabilidades.

"Nuestro rol es asegurar el cumplimiento de las debidas garantías del proceso, que haya esclarecimiento y se haga justicia", resaltó la directiva del organismo internacional.

Transcurridas 17 audiencias del debate oral y público, con declaraciones de 40 testigos, además de la exposición de otras documentales e instrumentales, Garone sostuvo que el juicio, que lleva a adelante el tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y con jurado popular, "viene muy avanzado y con pruebas nuevas muy importantes sobre otras responsabilidades penales y administrativas".

Manifestó también que desde el organismo se mantienen "expectantes" sobre el testimonio de quien fuera ministro de Seguridad al momento del hecho, Alfonso Mosquera, quien fue citado como testigo para el 24 de noviembre, al sostener que "fue la máxima autoridad" de las fuerzas de seguridad y "es muy importante su declaración", remarcó.

Por el homicidio, se encuentran acusados el cabo primero Lucas Damián Gómez (37) -que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria- y el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades. Ambos afrontan cargos como "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos".

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son: Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

El proceso continuará el próximo viernes 11, a las 9, para seguir  con la recepción de pruebas testimoniales y documentales.