El gremio de Judiciales declaró el estado de alerta

"El motivo es la reapertura de nuevas unidades judiciales, dejando de lado el esquema con el que se venía trabajando, sin condiciones sanitarias e inmersos en la denominada “segunda ola” de COVID-19", explicaron los dirigentes de la Asociación Gremial Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) a través de un comunicado.

En su medio web el sindicato advirtió que "es el peor momento sanitario para realizar una reapertura", que además "no se ha previsto una cobertura de personal suficiente" e hizo responsable "a las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) de cualquier consecuencia para la salud tanto de empleados como la ciudadanía que concurra a esos centros judiciales".

Romina Martínez, representante gremial del sector y miembro de la Comisión Directiva de AGEPJ se refirió al punto y manifestó que "las y los sumariantes se desempeñan en forma presencial desde el primer día de esta pandemia, con el riesgo que eso significa". Remarcó, además, que vienen "reclamando constantemente por las condiciones en las que deben trabajar, no solo sanitarias, sino también por la constante presión y estrés que conlleva la tarea". En este sentido consideró que "la decisión patronal constituye un atropello más, dado que carga sobre la espalda de las trabajadoras y trabajadores del sector la responsabilidad de prestar un deficiente servicio de justicia".

La entidad sindical puso en conocimiento también que "varias unidades judiciales no cuentan con el personal suficiente para un funcionamiento óptimo según los parámetros establecidos por el mismo Ministerio Público Fiscal". Por último, expresaron que "al mínimo incumplimiento de protocolos de bioseguridad, falta de insumos o deficientes condiciones edilicias dispondrá retención de tareas para preservar la salud de sus representadas y representados".

El secretario general de AGEPJ, Federico Cortelletti, dijo: “Abren tres nuevas unidades judiciales más, como si no estuviéramos inmersos en la segunda ola de COVID-19 y van a tener que cerrar otras completas cuando haya un brote porque el personal es totalmente insuficiente y se ha abandonado la rotación como medio para compartimentar al personal y evitar la propagación del contagio”. 

En tanto que el secretario adjunto de AGEPJ, Adrián Valan, advirtió que “lo que están haciendo es una mala decisión desde el punto de vista sanitario porque pone en riesgo la salud de las compañeras, compañeros y población en general, pero también es una mala decisión de administración de justicia porque para abrir nuevas sacan personal de las que están funcionando, por lo que no mejorará o agilizará la atención de justicia. Hacemos responsables al MPF por las consecuencias en la salud que pueda haber en cada una o uno de los sumariantes”.