Justicia Federal - Presunta administración fraudulenta
Imputaron a los intendentes de Mendiolaza y de Saldán
Se trata de los mandatarios Daniel Salibi y Cayetano del Valle Canto, quienes gobiernan dos ciudades del Gran Córdoba. La imputación sería “agravada” en perjuicio de la administración pública
Los intendentes de las vecinas localidades cordobesas de Mendiolaza, Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto, fueron imputados ayer por la Justicia Federal como coautores del delito de “defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública”, marcaron fuentes judiciales.
Los fiscales federales de Córdoba Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian llevaron adelante la resolución, surgida en el marco de la causa por la asociación ilícita que investigan tres fiscalías de la provincia junto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que en Villa María tuvo allanamientos en propiedades del director general del Instituto Biblioteca Bernardino Rivadavia, el reconocido contador Sergio Gilabert, y el empresario Mario Morselli.
Tras conocerse la imputación, Salibi, en declaraciones a la Radio Cadena 3, dijo sentirse “sorprendido” por la investigación y aseguró que no fue “notificado en nada”, pero reconoció que sí se realizó “un allanamiento en un domicilio particular” de la ciudad.
“Solicité a mi abogado que prepare un escrito para presentarlo ante la Justicia y ponerlo a disposición para esclarecer la situación. Ponemos todo a disposición para dar claridad”, agregó el jefe comunal de Mendiolaza a la emisora.
Por su parte, el fiscal Senestrari aseguró en declaraciones a medios locales que se investiga la existencia de una red ilícita que, “de manera organizada y sistemática, robaba claves fiscales a personas vulnerables y a monotributistas que facturaban trabajos ocasionales”, tal como publicamos en la edición de ayer de El Diario.
“Les cambiaban la condición ante la AFIP, los convirtieron solo como pantalla de empresarios con capacidad financiera de emitir facturas”, explicó el funcionario judicial.
Senestrari aclaró que estas facturas apócrifas “fueron a parar a manos de muchas empresas que las usaban para generar crédito fiscal, es decir, para que se descuente ese valor simulado al IVA que se tiene que pagar en cada período fiscal que declaran”.
Por último, apuntó que “los funcionarios efectuaron múltiples allanamientos y desarticularon una organización dedicada a la emisión de facturas electrónicas apócrifas”.
