Primera condena en Córdoba por el delito de “asociación ilícita fiscal”

Por primera vez en Córdoba y segunda en el país, la Justicia Federal dictó sentencia por el delito de “asociación ilícita fiscal” contra un grupo de empresarios que utilizaba facturas de “prestanombres” para comprar cereales y así evadir al fisco.

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Córdoba condenó ayer a 12 de los 14 acusados. El que recibió la mayor pena -siete años de prisión efectiva- fue Atilio Omar Mengo, considerado el jefe de esa asociación.

También condenaron a la riocuartense María Pía Cardoso, quien recibió una pena de tres años y ocho meses de prisión como partícipe necesaria del delito de asociación ilícita para cometer delitos tributarios.

Junto a ellos fueron condenados otros 10 acusados como integrantes de la asociación ilícita, entre ellos las hijas de Mengo.

En diálogo con El Diario, el fiscal que sostuvo la acusación, Carlos Gonella, dijo que “lo importante es que es la primera condena en Córdoba por este delito”. Indicó que la asociación ilícita fiscal “es cuando un grupo de personas se reúne para evadir impuestos”. En este caso, el denominado Grupo Mengo tiene cuatro empresas distribuidas en distintos puntos de la provincia dedicadas al rubro del agro.

“Junto a Facundo Trotta -el otro fiscal, también villamariense- estamos conformes con el resultado, porque se pudo acreditar la maniobra de evasión”, indicó.

“Esta causa fue instruida en Río Cuarto. Hace poco elevaron a juicio otra similar que investigó la fiscal de Villa María (causa Cuello) que tiene la misma carátula y actualmente hay una investigación abierta en el mismo sentido. Es importante porque esas maniobras de evasión causan mucho daño social y económico, que hasta el momento no se le estaba prestando atención”, dijo.

“En Córdoba estamos avanzando en causas de criminalidad económica, lo que da la pauta de que la Justicia Federal se está concentrando en los fenómenos sociales que más daños generan. Porque el delito fiscal priva al Estado de fondos que necesita para políticas públicas, más en este contexto de pandemia, que se multiplican las necesidades”, agregó.

Finalmente, informó que ninguno quedó detenido, dado que esta medida se cumplimentará una vez que quede firme el fallo.

La maniobra

La fiscalía describió en su exposición que la maniobra se desarrolló en torno a la comercialización de cereales, con documentación y personas simuladas cuyos movimientos fueron registrados y declarados fiscalmente para encubrir operaciones de compraventa marginal de granos.

Describieron, además, que en 2007, María Pía Cardoso, por entonces titular del área de Saneamiento Urbano de la Municipalidad de Río Cuarto, a través de Hugo Agüero, Fabián Giles y Vanesa Moyano, reclutaba personas de bajos recursos y ajenas a la actividad agropecuaria a fin de inscribirlas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como monotributistas.

“Bajo la promesa de un pago de 150 pesos, subsidios o algún tipo de asistencia social”, informaron, los imputados hacían que estas personas firmasen documentación en blanco necesaria para la comercialización de granos.

Las empresas del Grupo Mengo, que intermediaban en la compra y venta de granos, hacían figurar falsamente a estas “prestanombres” como proveedoras-vendedoras de cereal. El circuito se cerraba mediante el libramiento de cheques a nombre de directivos del Grupo Mengo, como Francina Mengo, Luisina Mengo (hijas de Atilio), Sebastián Barreiro y Sergio Bertoni, en su condición de presidentes y apoderados de las empresas del grupo. El último eslabón de esta maniobra se daba a partir de la liquidación de esos cheques, para lo cual Atilio Mengo utilizaba los servicios de Eduardo, Diego y Gabriel Meta, Fabián Petiti y Gabriel Ludueña, a través de la firma Gordon SA.

“Los monotributistas eran utilizados con la finalidad de ocultar al verdadero productor agropecuario, porque la operación se documentaba a nombre de un tercero prestanombre que figurara inscripto en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes en la AFIP y, de esa forma, se reducía la carga impositiva. Una vez generada la documentación apócrifa respecto del vendedor, el adquirente de los bienes obtenía los beneficios del cómputo del crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la deducción del costo en el Impuesto a las Ganancias”, indicaron desde el Ministerio Público.

La investigación tuvo ayer su capítulo central con la condena de la mayoría de los acusados -solo dos fueron absueltos, tal como pidieron los fiscales, por el beneficio de la duda-, y ahora queda ver qué acción tendrán los defensores, que cuentan con 10 días para presentar argumentos contra la sentencia del Tribunal presidido por Julián Falcucci.

El Presto, tras las rejas

Eduardo Prestofelippo, el youtuber y candidato del partido libertario conocido como El Presto, fue detenido ayer desde su domicilio en Nueva Córdoba.

Está acusado de “amenazas” e “incitación al odio y la violencia” a raíz de un tuit en contra de la vicepresidenta, sobre quien escribió que no iba a salir “viva” del estallido social.

Violencia de género

Por unanimidad, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación emitió un dictamen favorable al proyecto de ley que presentó la diputada nacional por la provincia de Córdoba Alejandra Vigo para incorporar la atención integral de la violencia de género en el Programa Médico Obligatorio (PMO).