Reclaman condiciones de bioseguridad y en duelo por la muerte de una compañera
Judiciales harán 48 horas de paro
“En las unidades judiciales, Policía Judicial, otros edificios de capital y sedes del interior hay un dispar cumplimiento de los protocolos", denunció la entidad sindical
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (AGEPJ) decretó un paro de 48 horas para hoy y mañana, en reclamo por el cumplimiento "estricto" de los protocolos de bioseguridad, solicitando la intervención del COE y en duelo por la pérdida de la vida de una compañera.
Mediante un comunicado de prensa AGEPJ explicitó que “el paro será sin asistencia a los lugares de trabajo ni conexión digital y se extiende desde las 0 hora del día 10 de agosto hasta las 24 horas del día 11 de agosto o hasta la finalización del turno donde exista trabajo nocturno. En el comunicado además el gremio de judiciales expuso un conjunto de exigencias que consideran fundamentales: “La intervención urgente del COE ante la denuncia realizada por AGEPJ, el cumplimiento por parte de la patronal de los protocolos de bioseguridad, el otorgamiento de las dispensas legales establecidas en los DNU, información por parte de la patronal de las medidas sanitarias que ha tomado y que tomará para evitar la ampliación de la cadena de contagios y conformación de una instancia de negociación con el empleador para arribar a soluciones de bioseguridad consensuadas".
Desde el gremio se agradeció “la solidaridad y apoyo expresado por la CGT Regional Córdoba, gremios de toda la provincia y la Federación Judicial Argentina que convocará a una jornada nacional de protesta ante la muerte de la empleada judicial y en reclamo a todas las patronales judiciales de la argentina, de urgentes medidas que garanticen las salud de las trabajadoras y trabajadores judiciales. Asimismo se hizo extensivo tal agradecimiento a la cobertura dada por un amplísimo arco de medios de comunicación, radiales, gráficos, televisivos y digitales de la lamentable noticia e incumpliendo patronal de las medidas sanitarias”.
El secretario general Federico Cortelletti expresó que “independientemente de dónde pudiera haberse producido el contagio, que en última instancia condujo a la muerte de nuestra compañera, AGEPJ le viene señalando formalmente al empleador -desde el comienzo del trabajo presencial en el interior y capital- que el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad es deficiente, en mayor o menor medida en toda la provincia. Dichos señalamientos fueron reiterados el 20 de julio y el 4 de agosto y ante la escasa e insuficiente reacción de la patronal, en horas de la mañana del 6 de agosto se denunció la situación ante el COE y el Ministerio de Trabajo provincial.”
“En nuestras denuncias mencionamos que en Tribunales 1 (de la capital) hay mayor circulación de personas que las permitidas, incumplimiento de la rotación de empleadas y empleados en las oficinas de recepción de expedientes, notificadores y ujieres. Al menos un baño (de uso múltiple de distintas oficinas) clausurado, oficinas donde - por la cantidad de personal obligado a la asistencia- no se puede guardar el distanciamiento social, incumplimiento de las dispensas legales establecidas en los decretos nacionales de necesidad y urgencia, fijación discrecional de audiencias que conllevan la asistencia de gran cantidad de testigos, peritos y abogados que, al no estar contemplados en los turnos, eleva la concurrencia diaria al edificio haciendo superar los límites permitidos por el protocolo”, concluyó Cortelletti.
El secretario adjunto Adrián Valán sostuvo que “la realidad que estamos viviendo las trabajadoras y trabajadores judiciales es límite y muy grave. Ante esto nuestra patronal ha dado solo parciales respuestas de cumplimiento e incluso ha caído lisa y llanamente en la provocación con comunicados donde pretende responsabilizar a las empleadas y empleados sobre el cumplimiento de medidas de bioseguridad. El paroxismo de esta falta de tino e insensibilidad, llegó con el comunicado de pésame emitido el día del fallecimiento de la compañera donde el Tribunal Superior le niega la calidad de trabajadora denominándola “colaboradora”, develando la caracterización que de nosotras y nosotros tienen en ese cuerpo y desconociendo nuestro esfuerzo diario por llevar adelante el servicio de justicia. Por otra parte advirtió que “en las unidades judiciales, Policía Judicial, otros edificios de capital y sedes del interior hay un dispar cumplimiento de los protocolos que van desde la falta o discontinua entrega de elementos de sanitización, el requerimiento de presencialidad del personal por encima de los limites fijados en los protocolos, hasta el impedimento en la rotación sanitaria de empleadas y empleados”.
