Imputaciones por estafas a jubilados

La Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de María Schianni, decidió imputar a las autoridades de la Clínica Modelo, de Río Tercero, por los delitos de asociación ilícita, defraudación y extorsión, en un supuesto hecho de estafa contra los jubilados de PAMI.

Según la Justicia, las acciones “fueron antes de la pandemia y no tienen ninguna relación con el virus”.

Los imputados son Néstor Enrique Chali, Amadeo Pedro Simonelli, Federico Luis Rutiz y Carlos Alberto Accornero, además del administrador general de la clínica, Sergio Castellari. A todos ellos también se les embargaron bienes.

Según la imputación de la fiscal villamariense, las autoridades de la clínica riotercerense, entre 2016 y 2018, cobraban a los afiliados a PAMI prestaciones que eran gratuitas.

Cuando los jubilados llegaban a realizarse diferentes estudios o cirugías, se les manifestaba que esas prestaciones no se encontraban cubiertas por la obra social. Entonces se les exigía un pago injustificado porque, de lo contrario, se les negaba la atención médica requerida.

La investigación da cuenta que el accionar delictivo contaba con el “total conocimiento por parte de las autoridades sobre la gratuidad de las prestaciones por encontrarse comprendidas en los contratos suscriptos entre el sanatorio y el Inssjp (PAMI)”.

La fiscalía resaltó, a modo de ejemplo, que “una jubilada tuvo que abonar una suma de dinero para realizarse una mamografía. Otra solicitó que se le otorgue un recibo o comprobante de pago, negándosele la entrega. Pero advirtieron que en el mismo centro de salud que le pretendía cobrar había un cartel que indicaba que los tratamientos para afiliados de PAMI eran gratuitos, por lo que efectuaron el reclamo ante la Unidad Fiscal y PAMI trasladó varias denuncias hacia la Fiscalía Federal de Villa María, que siguió adelante con la investigación.

De gravedad

En esta investigación se pudo saber que los imputados “daban instrucciones” a secretarias y a personal de la administración del centro de salud para que se les informara a los jubilados que debían pagar, ocultando la verdad.

Chali, Simonelli, Rutiz y Accornero son socios propietarios de la clínica, ubicada en calle Fray Santa María de Oro 45 de Río Tercero.

Castellari, en tanto, es el administrador general del nosocomio.

Todos, según la Fiscalía, “conformaron una asociación ilícita destinada a cometer una indeterminada cantidad de estafas y extorsiones contra afiliados a PAMI mediante diferentes engaños e intimidaciones”.

Las sumas que se pagaron fueron mayores a los mil pesos por cada estudio.

En tanto, la Fiscalía remarcó que “la red de prestaciones y sus prestadores estarán obligados a exhibir, en un lugar visible al público, un cartel o leyenda” que remarque la gratuidad de las prestaciones que corresponden.

En consecuencia, no se puede exigir dinero.