Juzgaron a parte de una banda que vendía autos que nunca entregaban

Durante un juicio abreviado inicial realizado en agosto, el Juzgado de Control en lo Penal y Económico de Córdoba, a cargo de Gustavo Hidalgo, condenó a seis años y nueve meses de prisión a Juan Santiago Caballero, en calidad de jefe y autor de “asociación ilícita” y “estafas reiteradas”.

En tanto, impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional a los imputados Roberto Fabio Rudelli y Osvaldo Prats, en calidad de miembros de la misma asociación ilícita, y elevó a juicio a los otros 13 integrantes, que no confesaron la autoría en el ilícito.

La investigación penal determinó la existencia de una organización criminal que operaba bajo el ropaje jurídico de la firma Grupo Red, un holding societario conformado por diversas empresas; algunas, dedicadas a la comercialización de vehículos 0 kilómetro y viviendas prefabricadas. Estos hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2019.

A través de las diferentes empresas, los miembros de la banda, que eran familiares y allegados al líder, se valieron de discursos y publicidad engañosa, como así también de una aparente solvencia para atraer a un número indeterminado de personas en la ciudad de Córdoba, el interior provincial y otras regiones del país.

Las víctimas fueron seducidas por un plan de pago ilusorio para la adquisición de vehículos 0 Km, que incluían promesas de bonificaciones. La trampa consistía en que el cliente podía fijar su propia cuota mensual, aun siendo fija y en pesos; en tanto, como no se fijaba el monto total del vehículo, el cliente nunca terminaba de pagarlo y sus aportes eran ilegítimamente apropiados por los miembros de esta banda, quienes, a su vez, mudaban los fondos a otra empresa del mismo holding. 

Ante los numerosos reclamos, los integrantes de la organización “despapelizaron” a algunos damnificados: con diversas excusas les retiraban los contratos y recibos, ofreciéndoles a cambio cheques de pago diferido -sin fondos- para así quitarles las potenciales pruebas que pudieran utilizar en demandas judiciales. 

En este contexto, cerraron abruptamente la oficina radicada en la ciudad de Córdoba y dejaron desamparados a los damnificados.

El líder y algunos miembros se radicaron en el exterior, lo que tornó necesario tramitar un pedido de captura internacional para ellos.