Denuncian a policías y fiscal por supuesto encubrimiento

M.V. tiene 38 años y secuelas de una vida atravesada por torturas y violaciones.

Fue dada en adopción en el año 1990, cuando tenía poco más de dos años. La entregaron a la familia de José y Julián Villarreal, quienes viven en Villa de María de Río Seco.

Ahora que la escuchan, relató que la golpearon de todas las maneras posibles y que la hacían trabajar mucho más que de sol a sol, dado que de su testimonio se pudo saber que tenía tareas que cumplir hasta la madrugada; por ejemplo, lavar a mano la ropa de todo el grupo familiar hasta las cuatro de la mañana en las noches de invierno.

En una oportunidad, dijo, la ataron con una soga al cuello y la colgaron de un árbol. Si no hubiera pasado un vecino que la rescató, hoy no podría contar la historia.

Los dos hermanos abusaron sexualmente de ella, dijo, y hasta la obligaron a casarse.

A los 16 años logró escapar y decidió, ya en el año 2020, reclamar justicia. La merecía, porque le habían arruinado la vida.

Sin embargo, ni la Policía ni la fiscal en funciones en ese tiempo avanzaron en la causa.

No pasa desapercibido que José Villarreal es un hombre vinculado al poder. Trabajaba para Ramón “Cañito” Flores, exintendente de Villa de María de Río Seco y actual legislador, en uso de licencia, por el Departamento Río Seco.

M.V. siguió su vida como pudo, atravesada por secuelas físicas gravísimas que le dejó la tortura. Y esperando justicia.

Marina Romano es la abogada que la representa y acompaña en este reclamo, que ahora tomó trascendencia pública por otra causa, la que investiga la fiscal Analía Cepede por grooming y abuso sexual contra, al menos, cuatro niñas y adolescentes de la localidad.

En esa causa hay 15 detenidos, entre ellos, un policía y José Villarreal, el asesor.

Denuncia

La letrada cordobesa explicó que presentó una denuncia contra los funcionarios policiales y judiciales que no hicieron nada para esclarecer esa gravísima denuncia presentada por M.V. en el año 2020.

“Ampliamos nuestra presentación y denunciamos a quienes le tomaron la denuncia y a la fiscal Fabiana Paula Pochettino, porque creemos que, como mínimo, hay un encubrimiento para favorecer a los denunciados, agravado por la condición de funcionarios públicos. También fueron responsables del retardo en la Justicia, porque recién sale a luz esto, seis años después de la denuncia”, dijo.

“Entendemos que se enmarca en violencia institucional y de género, porque hubo una impunidad garantizada por el poder”, señaló.

“Ella fue reducida a la servidumbre, abusada, golpeada y hasta intentaron matarla. Todo eso, desde que tenía dos años de edad. ¿No vieron la gravedad de la denuncia? ¿Por qué no hicieron nada?”, planteó.

“No es una mera negligencia; a nuestro parecer, fue un verdadero blindaje institucional para proteger a José Villarreal, quien ostentaba hasta hace poco una marcada influencia en el norte cordobés”, agregó.

En diálogo con la 90.1, laRadio del Centro del País, la letrada dijo que su representada “quiere justicia, porque su causa se mantuvo en un estado de oscuridad desde el año 2020”, señaló. “Si hubieran actuado bien en esa época, probablemente, estos últimos abusos no hubieran ocurrido”, reflexionó.

Y acerca del rol de asesor legislativo del denunciado no dudó en decir que, “sin politizar, me parece que para ingresar al Estado o para la mayoría de los trabajos hay que presentar un certificado de antecedentes. A José Villarreal no le pidieron nada”, concluyó.