Una estafa millonaria que “destrozó” a una familia

Una millonaria disputa judicial y comercial en el sector agropecuario regional ha salido a la luz en las últimas horas, combinando transacciones de hacienda vacuna, embargos vehiculares y un fuerte cruce de intimaciones en el entorno digital.

En diálogo con elDiario, la villamariense Andrea Donati  dio a conocer los detalles de una presunta estafa que damnificó a su padre y colocó a la estructura económica familiar en una situación crítica, señalando como responsables a dos compradores de la localidad de Justiniano Posse, de los cuales uno de ellos trabajó en la Municipalidad local hasta el año 2021.

El origen del reclamo

Según la documentación presentada por Donati a este medio durante la entrevista, el conflicto se originó el 4 de abril de 2021 en el marco de una  transacción de aproximadamente 220 terneros, una cantidad equivalente a dos jaulas de transporte de carga, a los involucrados.

El pago de estos animales se concertó mediante la entrega de una serie de cheques que, posteriormente, fueron devueltos por las entidades bancarias debido a la falta de fondos o a denuncias previas en las cuentas de origen.

La denunciante describió que, bajo la promesa formal de saldar los montos pendientes, los compradores habrían convencido a su padre de realizar una segunda entrega de animales. No obstante, la nueva operación repitió exactamente el mismo patrón: los valores emitidos, vinculados tanto a terceras personas como a cuentas de carácter personal, tampoco pudieron ser cobrados.

El paso del tiempo, los intereses y el contexto inflacionario consolidaron una acreencia que, según Donati, supera en la actualidad los 240 millones de pesos. “En esa época, 2021, eran 8 millones de pesos, pero esa deuda hoy es muchísimo más”, precisó la mujer, explicando la gravedad del desfasaje financiero.

Consecuencias

El rechazo de la cadena de cheques generó severas consecuencias legales que recayeron de manera directa sobre el patrimonio del propio productor damnificado.

 Donati detalló que el pasivo derivó en el embargo judicial de las principales herramientas de trabajo de su padre, un inventario que incluye una camioneta, un camión y su respectivo acoplado. Asimismo, confirmó que un automóvil fue secuestrado en la vía pública por personal de Gendarmería Nacional debido a las órdenes dictadas por los Tribunales.

 “A mi papá lo dejaron psiquiátricamente y psicológicamente arruinado. Destrozaron a una familia entera”, resumió.

A su vez, ante la falta de respuestas a la distancia, la mujer relató que optó por trasladarse personalmente hasta Justiniano Posse para intentar conseguir un acuerdo de pago cara a cara con los deudores. Sin embargo, los encuentros no arrojaron resultados positivos: “El jueves fue mi última visita... golpeé la puerta del estudio de este señor de buen nombre y honor, como dice él, y no dio la cara”, afirmó Donati.

A su vez, criticó el accionar posterior de los involucrados en los medios locales de Posse, donde se la denunció públicamente de forma despersonalizada como “una persona de Villa María”.

Cabe destacar que, según mencionó, uno de ellos  “tuvo un cargo en la Municipalidad de Posse y en 2021 renunció”. “Qué casualidad, renunció y pasa todo esto de las estafas”, reflexionó.

Videos en TikTok y carta documento

La tensión entre las partes experimentó una fuerte escalada cuando Donati decidió visibilizar la situación a través de relatos humorísticos en la plataforma TikTok.

En respuesta a esta estrategia digital, la contraparte remitió una carta documento formal con fecha del 18 de junio de 2026, vinculada directamente a las producciones audiovisuales que la mujer publica de manera regular en Internet.

La pieza notarial argumenta que las declaraciones digitales de Donati, aun sin identificar de manera expresa los nombres de los involucrados, realizan “referencias inequívocas e indirectas” hacia su persona, atribuyéndoles públicamente “conductas deshonestas” y efectuando expresiones “absolutamente falsas, maliciosas, carentes de sustento fáctico, aptas para poder desacreditarnos socialmente causando un grave perjuicio moral, personal y profesional”.

El requerimiento legal intimó a la mujer, bajo un plazo perentorio de 48 horas, a cumplir con cuatro puntos específicos: cesar de inmediato cualquier manifestación pública difamatoria, eliminar de forma definitiva los videos de la red social, abstenerse de realizar nuevas publicaciones de igual tenor y efectuar una retractación pública por el mismo medio digital, bajo apercibimiento de iniciar acciones civiles y penales por daños y perjuicios.

Continuidad en el fuero judicial

Donati rechazó los términos de la intimación notarial, allegando que sus producciones audiovisuales corresponden al género del humor y no configuran una calumnia dirigida.

“Se pusieron un poncho que no le correspondía... en ningún momento digo nada referido a ellos. Solamente hago videos en TikTok, me río y si alguien se sintió afectado, lo lamento, pero es una realidad”, sostuvo.

“No tengo por qué pedir disculpas absolutamente a nadie porque no le hice nada a nadie, no le debo nada a nadie, no estafé a nadie”, argumentó la mujer, ratificando que no detendrá su reclamo público hasta que se conozca la identidad de los involucrados y respondan ante los Tribunales.

Finalmente, Donati mencionó que si “le sucede algo a su familia los únicos responsables son ellos” y confirmó que mantendrá una serie de reuniones con su cuerpo de asesores legales para formalizar las denuncias y avanzar con las presentaciones correspondientes ante la Justicia, enfatizando que su único propósito es recuperar el valor justo de lo adeudado y revertir las medidas judiciales que hoy pesan sobre los bienes de su padre.