Elevaron a juicio la causa por la trágica explosión del gasoducto

El fiscal René Bosio solicitó ayer la elevación a juicio de la causa por la trágica explosión registrada en el loteo Los Chaleses de barrio Las Playas, tras la rotura de un ducto de la red troncal de gas, lo que provocó un incendio de grandes proporciones que destruyó totalmente una vivienda de ese sector y provocó heridas mortales a dos miembros de una familia y heridas de gravedad a otros tres integrantes.

Por aquel trágico suceso, que pocos días después se cobró las vidas de Mario Martín Mercado (44) y de su hijo Dylan Jesús Mercado (18), el titular de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Tercer Turno imputó a cinco personas relacionadas con la obra vial que se estaba construyendo en inmediaciones del lugar de la fatal deflagración.

Los cinco imputados

Se trata de los ingenieros civiles Juan Manuel Albornoz (31), Vicente Pascual Cocciolo (66) y Ornela Emilse Chialva (33); el capataz de la obra, Luis Miguel Toniatto (40), y el operario Leonardo Fabián Gamero (40), quien operaba la retroexcavadora que rompió el caño de gas, quienes están imputados como presuntos coautores del delito de “estrago culposo calificado”.

El lamentable siniestro se desató poco después de las 4 de la tarde del martes 28 de enero de 2025, a pocos metros del punto donde confluyen la avenida Savio y la ruta 2, lugar en el que la máquina perforó accidentalmente un caño del gasoducto que pasa por ese sector, lo que originó una gran explosión y llamas de más de 20 metros de alto.

El fiscal consideró, cumplida la investigación penal preparatoria, que le permitió establecer que la empresa constructora cordobesa Federico e Hijos SA, adjudicataria de la obra, “contaba desde el año 2023 con información suministrada por Ecogas respecto de las interferencias existentes a lo largo de la traza, entre ellas la presencia del gasoducto en el sector donde ocurrió el siniestro”.

Responsabilidades

En la requisitoria, Bosio atribuye a los ingenieros Albornoz, Cocciolo y  Chialva (quienes cumplían funciones técnicas y profesionales dentro de la obra) “haber omitido adoptar las medidas necesarias de seguridad para efectuar los trabajos en un sector donde conocían la existencia de cañerías de gas, entre ellas, la detección, demarcación y cateo manual de las cañerías, además de su correspondiente referencia en los planos de obra”.

Asimismo, responsabiliza al capataz Toniatto de “haber ordenado la realización de tareas de excavación sin adoptar las precauciones que las características del lugar exigían”, como así también a Gamero, quien operaba la retroexcavadora que perforó, con una de las uñas de la pala, un caño de acero de seis pulgadas, mientras se efectuaban trabajos para la conformación de una cuneta en el sector noreste del extremo norte del puente.

“La rotura provocó una explosión y una importante liberación de gas, seguida de un foco ígneo que alcanzó inmuebles próximos al lugar”, añade el escrito del funcionario judicial y recuerda que “como consecuencia del siniestro, dos viviendas resultaron totalmente destruidas e incendiadas; además, Mario Martín Mercado y Dylan Jesús Mercado sufrieron gravísimas quemaduras y fallecieron como consecuencia de las lesiones padecidas, mientras que otras tres personas, Fátima Navarrete, Luana Abigail Mercado y Jeremías Isaías Mercado, resultaron con lesiones de carácter grave, conforme los informes médicos incorporados a la causa”.

Los aspectos legales

Para la Fiscalía, “el resultado investigado habría sido consecuencia de la acción culposa atribuida al operador de la maquinaria y de las omisiones culposas atribuidas a los restantes imputados, quienes, conforme sus respectivas funciones y responsabilidades, habrían incumplido los deberes de cuidado y las medidas de seguridad necesarias para evitar el siniestro”.

En consecuencia, Bosio requirió la citación a juicio de los cinco imputados, por considerarlos supuestos autores penalmente responsables del delito de “estrago culposo calificado”, en los términos del artículo 189, primera y segunda parte, del Código Penal de la Nación.

Dicha norma legal indica que “será reprimido con prisión de un mes a un año el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos”.

Sin embargo, el párrafo siguiente puntualiza que “si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años”.

Todos se encuentran en libertad porque el delito que se les atribuye tiene una pena mínima de un mes de prisión y, por lo tanto, es excarcelable.

Otros detalles

Juan Albornoz es oriundo de  la ciudad santafesina de Esperanza, Santa Fe, pero al momento del trágico suceso estaba viviendo en Villa Nueva. Es defendido por el abogado Iván Mochkofsky.

Vicente Cocciolo es cordobés y se domicilia en barrio Crisol Norte de la capital provincial. Lo asiste el letrado Julio Loza.

Ornela Chialva es oriunda de Calchín, pero estaba temporalmente radicada en nuestra ciudad. Es defendida por el abogado villamariense Javier Marcos.

Luis Toniatto se domicilia en la localidad de Cayastacito, Santa Fe, y lo asisten Cristian Ayan y Ariel Mohammad Navarro.

Y Leonardo Gamero es oriundo de Alta Gracia, pero cuando ocurrió la tragedia estaba viviendo  en Villa María. Lo defiende Gonzalo Ferreras.