Tragedia en las Altas Cumbres
Comienza el juicio oral contra Oscar González
A casi cuatro años del siniestro vial en el que murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes sufrieron secuelas irreversibles, el exlegislador llega al banquillo de los acusados
El próximo lunes 3 de agosto se pondrá en marcha, en los Tribunales de Villa Dolores, el juicio oral y público contra el exlegislador provincial Oscar González, imputado por el trágico siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022 sobre la ruta E-34, en el Camino de las Altas Cumbres.
En el hecho, el vehículo BMW conducido por González impactó de frente contra el Renault Sandero en el que se desplazaba la docente Alejandra Bengoa, quien falleció a causa de las heridas, y las adolescentes Marina y Alexa, quienes resultaron con secuelas de extrema gravedad.
El proceso judicial llega a esta instancia con dos hipótesis marcadamente contrapuestas respecto de las responsabilidades penales.
Las posiciones de las partes
Por el lado de la acusación, el abogado querellante, Lucas Cocha, sostiene que la calificación formulada durante la instrucción resulta “por demás benévola” para el imputado. En esta línea aseguró: “Consideramos que hay elementos contundentes en la causa que nos indican que estamos ante la presencia de un homicidio simple con dolo eventual”.
Además, afirma que las pericias incorporadas al expediente demuestran que la colisión se produjo en el carril correspondiente a la víctima y que el exfuncionario “venía sobrepasando varios autos en doble línea amarilla”.
En contraposición, el abogado defensor, Miguel Ortiz Pellegrini, adelantó que buscará probar la culpa exclusiva de la víctima en el siniestro.
Según la estrategia de la defensa, el impacto ocurrió durante una maniobra de adelantamiento en doble línea amarilla iniciada por el vehículo de Bengoa “en una curva en subida, sin visibilidad”, sumado al dato de que la conductora “circulaba sin habilitación municipal desde 2019”.
Entorno judicial y oferta de reparación
Previo al inicio de las audiencias, la defensa de González había tramitado un pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) que incluyó un ofrecimiento económico de casi 400 millones de pesos en concepto de reparación civil para las menores afectadas, propuesta que fue rechazada por las familias querellantes al no implicar la “asunción de responsabilidad” penal.
En paralelo al expediente principal por el siniestro vial, el caso generó diversas investigaciones secundarias sobre el patrimonio del exlegislador y el uso del vehículo judicializado que conducía al momento del choque, causas que la defensa califica como ajenas al hecho juzgado, mientras que la querella cuestiona el manejo institucional del proceso.
