Investigarán las fallas en el seguimiento del condenado

La Justicia de Córdoba avanza en las actuaciones por el femicidio de Rocío Gómez, ocurrido en la localidad de Santa María de Punilla, en una línea de investigación que pone bajo la lupa el funcionamiento del sistema de control penitenciario.

El imputado por el hecho, Maximiliano Baudraco, cumplía una condena previa de dos años y dos meses de prisión en suspenso. Dicha modalidad le permitía mantener la libertad bajo pautas estrictas de conducta, entre las que se incluían la realización de un tratamiento psicológico, la prohibición de consumo de sustancias y el acatamiento de una orden de restricción de acercamiento.

Cuestionamientos al monitoreo del imputado

En declaraciones brindadas a La Voz En Vivo, la representante de la madre de la víctima, Daniela Morales Leanza, adelantó que la querella solicitará investigar las eventuales responsabilidades penales y administrativas de los organismos encargados de supervisar al agresor.

El foco de los reclamos se centra en la labor del Patronato del Liberado y del juez de Ejecución Penal, Moyano Centeno. "Queremos saber qué informaron y qué no informaron al juez, y en su caso, qué hizo y qué no hizo ese juez que debía haber revocado la modalidad", señaló Morales Leanza, al tiempo que sostuvo que existían reportes previos sobre violaciones a las restricciones impuestas e intervenciones policiales antes de que se desencadenara el hecho.

“De haberse cumplimentado el control efectivo que deberían haber realizado, podríamos estar hablando de otro resultado y este hecho no hubiese ocurrido”, sentenció la letrada.

Descargos e informes

Frente a estos cuestionamientos, el juez Moyano Centeno presentó un informe en el marco de una investigación administrativa interna. En el documento, el magistrado desligó responsabilidades directas y atribuyó la falta de alertas tempranas al Patronato del Liberado.

Según el informe judicial, el Juzgado solo habría recibido dos comunicaciones oficiales sobre la situación del condenado, siendo la última con fecha del 20 de julio, posterior a la concreción del femicidio. El escrito sugiere la existencia de demoras en la notificación de los incumplimientos, lo que habría impedido ordenar la detención oportuna de Baudraco.

Situación de la causa y expectativa de pena

En cuanto al trámite de la causa principal por el femicidio, la Fiscalía de Instrucción de Cosquín reúne los elementos probatorios para el cierre de la investigación penal preparatoria. El caso se encamina hacia la elevación a juicio, favorecido por una aprehensión producida en situación cercana a la flagrancia -una situación legal en la que una persona es sorprendida en el momento exacto de cometer un delito- y el secuestro del arma empleada.

Morales Leanza expresó que la autopsia “es de público conocimiento” y que resta la recepción de testimoniales mínimas para dar por concluida la etapa de instrucción. Asimismo, la querella evalúa incorporar denuncias adicionales por las agresiones sufridas por la madre de la víctima durante el ataque.

De ser hallado culpable, Baudraco enfrenta la pena de prisión perpetua, a la cual se le unificará la condena condicional previa no cumplida.