Tribunales de Córdoba - Juicio por estafas telefónicas desde un “call center tumbero”
Pidieron duras penas para cuatro exjefes de la cárcel
Gustavo Arocena solicitó ocho años de prisión para el director Andrés Aciar. Además, reclamó condenas de siete años para Néstor Gómez, Edgar Arroyo y Oscar Figueroa, y seis años y 10 meses para el interno Sebastián “Pitu” Moyano, cabecilla de la banda
El fiscal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 10ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Gustavo Arocena, solicitó duras penas para los principales involucrados en el “call center tumbero” que funcionaba en el Establecimiento Penitenciario Nº 5 de Villa María y se dedicaba a realizar estafas telefónicas.
El acusador público apuntó en primera instancia a quienes tenían la responsabilidad de custodiar el orden y terminaron comandando la estructura. Para Andrés Américo Aciar (47), exdirector de la cárcel de barrio Belgrano, solicitó una condena de ocho años de prisión por considerarlo coautor de “asociación ilícita”, en calidad de jefe, y “estafas reiteradas”.
En tanto, para el exsubdirector de Operaciones del penal, Néstor David “Chino” Gómez (42); el exjefe de Seguridad, Edgar Ezequiel Arroyo (42), y el oficial que estaba a cargo de la Segunda Compañía, Oscar Pablo Figueroa (46), reclamó siete años de cárcel por los mismos delitos.
Con respecto a los internos implicados en las maniobras defraudatorias, el fiscal pidió una sanción de seis años y 10 meses de prisión para el cabecilla de la banda en el Pabellón 11, Sebastián Ezequiel “Pitu” Moyano (38), en calidad de jefe de la “asociación ilícita”, con declaración de reincidencia.
Asimismo, Arocena requirió castigos de cinco años y tres meses de prisión para los organizadores de la banda, Sofía Macarena Moyano (30) y Ulises Nicolás Moyano (21), sobrina e hijo de “Pitu”, respectivamente.
Policías involucrados
La acusación también alcanzó a dos efectivos policiales de la División Investigaciones de la Unidad Departamental Unión, con cabecera en la ciudad de Bell Ville, acusados por filtrar información confidencial (es decir que oficiaban de “topos”) para avisar a los miembros de banda sobre los allanamientos.
Para el policía Santiago Mauricio “el Duende” Martín (43) solicitó cuatro años y cuatro meses de prisión por “asociación ilícita”, “violación de secretos” y “partícipe secundario de estafas”, mientras que para su colega Mauricio Marcos Agüero (40), el fiscal pidió una pena de cuatro años y dos meses de cárcel.
Para todos los uniformados (agentes penitenciarios y policías) Arocena reclamó además la pena de “inhabilitación para ejercer cargos públicos”.
Los “apoyos externos”
Finalmente, respecto a los “apoyos externos” que no formaron parte del juicio abreviado inicial realizado en 2025, las solicitudes de pena se encuadraron en los delitos de “asociación ilícita” y “estafas reiteradas”.
Cabe destacar que gran parte de esta red ya había aceptado su culpabilidad en aquel proceso oral y público del año pasado, donde se dictaron condenas de entre tres y tres años y medio de prisión.
El debate del juicio que se está llevando a cabo en los Tribunales cordobeses continuará la próxima semana con los alegatos de la querella particular y de los abogados defensores de cada uno de los imputados.
