La Corte Suprema confirmó las condenas a Cositorto y sus socios

En lo que representa el cierre del capítulo judicial más importante por estafas piramidales en Corrientes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó en forma definitiva las condenas contra los responsables de Generación Zoe y validó la competencia de la justicia provincial.

Con el fallo firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el Tribunal declaró “abstracta e inoficiosa” la estrategia de la defensa, que pretendía mudar el expediente al fuero federal para anular las penas.

De esta manera, el Juzgado de Garantías N° 2 de Goya mantendrá bajo su órbita la ejecución de las condenas por Estafa y Asociación Ilícita.

En tanto, remitirá a la Justicia Federal únicamente los tramos de la causa vinculados a presunto lavado de activos e intermediación financiera no autorizada por el Banco Central (BCRA).

Las penas ratificadas

El esquema de penas y roles de la organización delictiva, fijado por el Tribunal de Juicio de Goya presidido por el doctor Ricardo Carbajal y los vocales Jorge Carbone y Julio Duarte, quedó confirmado de la siguiente manera:

Leonardo Nelson Cositorto (foto), condenado a 12 años de prisión en calidad de ideólogo, creador y jefe de la asociación ilícita, en concurso real como coautor de estafas reiteradas.

Maximiliano Javier Batista, condenado 8 años como miembro activo de la asociación ilícita y coautor del delito de estafa continuada, calificado como el socio principal de Cositorto.

Miguel Ángel Echegaray (8 años de cárcel), condenado como miembro activo y coautor de estafa, cumpliendo el rol de administrador y gerente de las cuentas financieras de la red.

Lucas Damián Camelino (8 años), condenado bajo la misma calificación de miembro activo y coautor de estafa, operando en la gestión financiera local.

Por su parte, los hermanos Javier Sebastián y Nicolás Ismael Medina quedaron absueltos por el beneficio de la duda.

 Perjuicio millonario

Durante el debate, el Tribunal de Juicio de Goya acreditó de manera unánime que la organización operó bajo un esquema estructurado para despojar a los ciudadanos de sus ahorros mediante falsas promesas de dividendos en dólares.

En total, se constataron maniobras delictivas en perjuicio de 98 ahorristas goyanos por una cifra consolidada que superó los 400.000 dólares. Al dictar los fundamentos de la sentencia, los magistrados ponderaron el daño socioeconómico infligido en la región, remarcando que la estafa quebró proyectos de vida y causó severas consecuencias en la salud psicofísica de familias enteras del interior correntino.