Procesan a referentes de una clínica por “trata de personas”

El director de una clínica de Córdoba Capital, la secretaria y un abogado, fueron procesados por la Justicia Federal de Córdoba por considerarlos presuntos autores del delito de “trata de personas”, tras haber captado a mujeres vulnerables para subrogar en su vientre el hijo de otra persona.

El juez Alejandro Sánchez Freytes aclara que no toda subrogación es un delito, se convierte en ilegal cuando está mediado por la explotación, el abuso de poder y la desprotección absoluta de la gestante.

El diario Perfil publicó el fallo calificándolo de “histórico”, dado que es la primera vez en el país que admite que es posible el delito de trata en casos de subrogación de vientres donde se pruebe la vulnerabilidad de la víctima.

“La instrumentalización del cuerpo reproductivo de mujeres vulnerables con finalidad de lucro, mediando aprovechamiento deliberado de su situación de vulnerabilidad, constituye una modalidad de servidumbre” sostuvo el juez.

Coincidió en parte con la posición de los fiscales federales Enrique Senestrari y la titular de Protex, Alejandra Mángano.

Los procesados

El juez ordenó el procesamiento del médico José Antonio Pérez Alzaa (director de la Clínica Fecundart) como coautor de trata de personas agravada por abuso de vulnerabilidad y por haber logrado la finalidad de explotación. El tribunal consideró que, bajo el ropaje de una fundación sin fines de lucro, captó a mujeres vulnerables (desocupadas y con hijos a cargo) utilizando la base de datos de donantes de óvulos de su propia clínica.

También fue procesada Paula Mariana Liendo, cuñada de Pérez Alzaa y secretaria de la misma clínica, asistida por el defensor Darío Vezzaro. Según la resolución, ella era el “canal de comunicación” que contactaba a las gestantes para explicarles los aspectos económicos y “sugerirles” que ocultaran su realidad socioeconómica ante los padres intencionales para no frustrar el negocio.

El tercer procesado es el abogado Nicolás Enrique Gigena, quien también resultó alcanzado por la misma figura delictiva y por falsedad ideológica en grado de tentativa. El juez sostuvo que Gigena dirigía las actividades de las víctimas, manejando un listado de gestantes para ofrecer a parejas con voluntad de procrear. Se le acusa de instruir a las mujeres para que mintieran ante los Tribunales de Familia, inventando falsas relaciones de amistad con los comitentes para acelerar los permisos judiciales. Los mensajes que recibía de las gestantes hablan de la vulnerabilidad: “Usted me podría llamar porque no tengo crédito”; “me están por desalojar y estoy buscando alquiler”; “… me hace falta hoy para comprar pañales”. En total, fueron seis las víctimas en esta causa.