Otra vez al banquillo - Aparece en la lista de los 24 represores imputados en la “megacausa Gutiérrez”

Asesinó a seis personas y ahora será juzgado por graves delitos

Se trata del expolicía Miguel Ángel Salinas, coautor de la llamada “masacre del Banco Popular Financiero”, ocurrida en 1987. Fue condenado a prisión perpetua, pero salió en 2007. En la nueva causa intervienen los fiscales villamarienses Carlos Gonella y Facundo Trotta
domingo, 5 de abril de 2026 · 08:30

El excabo de la Policía de la Provincia, Miguel Ángel Salinas (72), coautor de la masacre del Banco Popular Financiero (BPF) de Río Cuarto, ocurrida hace casi 39 años, aparece en la lista de los 24 expolicías y exmilitares acusados en la “megacausa Gutiérrez”, que espera fecha de juicio para esclarecer delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, cometidos hace medio siglo en el sur de Córdoba.

El 16 de septiembre de 1987, en el mismo banco donde hacía adicionales, Salinas, por entonces de 34 años, perpetró el asalto más cruento que se recuerde en buena parte del territorio cordobés.

Empuñando un revólver Orbea 38 Especial obligó a los siete empleados a acostarse boca abajo en el piso de la Gerencia. Él y su cómplice, Francisco Nievas, ataron a todos con cadenas y, uno a uno, los acribillaron a balazos.

 

Por un magro botín

Huyeron con un botín de apenas 36 mil australes… unos 15 dólares (poco más de 21 millones de pesos al cambio actual).

Para eso, acabaron con las vidas de Jorge Garay (44), Rubén Bianco (37), Ángel Angelin (68), Alejandro Muzzio (26), Víctor Meynet (44) y Ricardo Ferreira (29). Algunos de ellos solían jugar al fútbol con Salinas los fines de semana.

Hubo un solo sobreviviente: el gerente Roberto Vicente Denner. Salvó milagrosamente su vida pese a recibir un balazo en la cabeza.

Hasta su fallecimiento, en 2013, Denner siempre sostuvo que habría actuado al menos otro hombre en el asalto, pero nunca fue identificado.

Miércoles 16 de septiembre de 1987. Esa mañana, Salinas y Nievas ataron con cadenas a los empleados del Banco Popular Financiero de Río Cuarto y los acribillaron a balazos, uno por uno. Solo salvó su vida el gerente de la sucursal

 

Prisión perpetua, pero…

Por el cruento robo, Salinas fue condenado a prisión perpetua hace 37 años. Sin embargo, solo estuvo unos 20 años en la cárcel, porque salió en octubre de 2007 por “buena conducta”, sin mostrar jamás una gota de arrepentimiento por el baño de sangre que había perpetrado.

Cuando lo juzgaron por el asalto, al excabo solo le figuraba un antecedente por “hurto” y algunas faltas administrativas. Nadie imaginó que tenía un pasado represor.

Fue un periodista de Río Cuarto, Guillermo Geremía, conductor del programa “Así son las cosas”, que se emite todas las mañanas por el dial 102.9 de FM Gospel, quien desde su programa advirtió que Salinas está en la lista de los 24 imputados en la “megacausa Gutiérrez”.

Lo único que había llamado la atención todos estos años era que en el juicio a Salinas, de 1989, entre los testigos figuró Hugo Aspitia, jefe del Servicio de Adicionales y luego jefe de Inteligencia Policial del sur provincial.

Aspitia estuvo denunciado por apremios ilegales, pero habría resultado beneficiado por la “ley de obediencia debida”.

Sobre el caso del Banco Popular Financiero siempre quedaron muchas dudas. Circularon versiones sobre una “mesa de dinero” y vínculos con el poder político de entonces. Pero la investigación judicial nunca avanzó en ese sentido.

Salinas y Nievas fueron detenidos enseguida. La Justicia desvinculó a otros policías y le dio una pena menor a la mujer de Salinas, María Rosa Boni, quien había confeccionado capuchas y comprado las cadenas para atar a las víctimas del asalto.

 

Libre y vive en Córdoba

Un informe de la periodista Denise Audrito, difundido ayer por el portal web del diario La Voz del Interior, añade que “el expediente judicial revela que Salinas vive en Córdoba” y declara trabajar como “técnico electricista”. En su indagatoria, negó haber tenido contacto con los detenidos en 1975 (por entonces tenía 22 años), dijo que hacía rondas y diligenciaba citaciones, pero aseguró que no trabajaba con los policías de “Informaciones”.

Sin embargo, el excabo está acusado de ser uno de los represores que integraba los “grupos de tareas” de la Policía de la Provincia Córdoba que perseguían, detenían e imponían apremios, abusos y torturas a civiles.

La “megacausa Gutiérrez”, elevada a juicio el 6 de junio de 2025, lleva el nombre del exteniente coronel Hermes Vicente Gutiérrez, quien en 1976 era jefe de la subárea militar 3115. Durante la dictadura militar, desde el Batallón de Arsenales de Holmberg se orquestó la represión en el sur de Córdoba.

En tanto, en la Policía provincial, donde Salinas entró como agente en 1975, se perpetraban las detenciones y torturas.

Los crímenes investigados se cometieron entre 1975 y 1978, en algunos casos antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

 

Todos los acusados

Además de Salinas, están imputados Daniel Di Santo, Rubén Príncipi, Juan Carlos Nieto, Miguel Ángel Gómez, Ernesto González Fossat, Carlos Regueira, Carlos Tronchin, Juan Ramón Molina, Carlos Yanicelli, Miguel Pérez y Carlos Ibar Pérez.

La lista de 24 acusados se completa con Gustavo Alsina, Enrique Mones Ruiz, Ernesto “Nabo” Barreiro, Juan Vega, Carlos Alberto Díaz, Ricardo Lardone, Arnaldo López, José Luis Yáñez, Carlos Quevedo, Adolfo Etchehun, Pablo Skalany y Ramón Novarro.

Varios de ellos, ya fueron condenados por otras causas de derechos humanos en Córdoba.

 

Dos fiscales conocidos

En la requisitoria de elevación a juicio, firmada por los villamarienses Carlos Gonella y Facundo Trotta, ambos fiscales federales de Córdoba junto a su colega María Laura Bazo Queirolo, se  acusa a los presuntos represores por delitos agravados de “privación ilegítima de la libertad”, “imposición de tormentos”, “abuso deshonesto”, “violación” y “homicidio”.

Entre las pruebas contra Salinas figuran testimonios de víctimas que lo identifican como autor de los vejámenes “junto al ‘Gato’ Miguel Ángel Gómez (ya fallecido) y un tal Nieto”.

Para la investigación, está acreditada su participación en la comisión de “privación ilegítima de la libertad” y “tormentos” padecidos por dos personas. También, en “tormentos agravados” contra otras tres mujeres y en un caso de “abuso deshonesto agravado”. La víctima de este último hecho lo identificó entre los coautores en un reconocimiento de fotos.

En Río Cuarto aguardan que el Tribunal Oral Nº 1 de Córdoba fije fecha de juicio para la “megacausa Gutiérrez”. Tanto el Estado nacional como la Municipalidad local son querellantes.

La Universidad Nacional de Río Cuarto también aportó pruebas de sus legajos sobre las persecuciones y delaciones en los “años de plomo”.