Presentarán un pronto despacho ante la Legislatura

Integrantes de la organización Verdad y Justicia presentarán este jueves un pronto despacho ante la Legislatura de Córdoba con el objetivo de acelerar el tratamiento del jury contra la fiscal de Instrucción de Segundo Turno de Villa María, Juliana Érica Companys, a quien acusan de “mal desempeño reiterado” y “negligencia grave en el ejercicio de sus funciones” tras otorgar una prisión domiciliaria sin las medidas de seguridad correspondientes a un detenido por delitos contra la integridad sexual.

“Este jury comienza con esa prisión domiciliaria, que no es prisión domiciliaria, sino una libertad encubierta”, expresó Nadia Brossard, una de las representantes de la organización.

La denuncia presentada por Brossard y Verónica Vilches menciona que el 22 de diciembre de 2025 la fiscal le otorgó la prisión domiciliaria a Rodrigo Santi, un bombero de 32 años que desde hacía varios meses se encontraba privado de su libertad en el Establecimiento Penitenciario N° 5 por “abuso sexual simple”, “abuso con acceso carnal”, “corrupción de menores” y “tenencia de material de pornografía infantil”, quien además había confesado parte de los hechos ante la Justicia.

“La fiscal tomó el lugar de la jueza de Control, María Soledad Dottori, y dio lugar al petitorio de la defensa de Santi bajo el argumento de que él tenía depresión y melancolía, pero no hubo ningún peritaje del Ministerio Público Fiscal”, explicó Brossard.

Pruebas y acusaciones

“Rodrigo Santi estuvo 22 días sin tobillera y sin custodia. Se sacó un reo de la cárcel con aviso, se redactó un acta con libro y folio donde el mismo Servicio Penitenciario le advirtió a la fiscal que no había tobilleras y, por lo tanto, no podía llevárselo, y ella, de manera arbitraria, firmó y se llevó al reo igual”, afirmó Brossard, agregando que “esas son las pruebas que presentaron en este jury de enjuiciamiento” ingresado el 19 de marzo ante el Jurado de enjuiciamiento de la provincia de Córdoba.

Para la organización, el caso trasciende lo particular y se convierte en un problema de seguridad pública que afecta a las 22 localidades que integran la jurisdicción de Villa María. “No se dejó desprotegida solo a las víctimas directas, sino a una jurisdicción completa. Dejó una zona liberada de miles de niños y niñas en manos de un abusador confeso”, expresó la referente.

Pedido ante la Legislatura

El pronto despacho, que se presentará este jueves, busca que el jury contra Companys sea el siguiente en tratarse tras el proceso de Nora Dalmasso. Asimismo, “dada la gravedad de los hechos y la posibilidad de que la magistrada continúe incurriendo en negligencias que afecten otras causas de igual o mayor gravedad”, solicitaron que se disponga su “suspensión preventiva a fin de garantizar la transparencia de la investigación y la seguridad de la jurisdicción de Villa María”.

Finalmente, Brossard fue tajante respecto a las expectativas del proceso: “Buscamos depurar el sistema judicial. Cuando existen pruebas fehacientes como en este hecho, es inexcusable y sabemos que el cargo va a ser revocado, tiene que ser revocado”.