“En resguardo del honor y de la verdad de los hechos”

El abogado villamariense Marcelo Martín Silvano envió ayer a la Redacción de elDiario una extensa carta a modo de nota descargo, luego de que su nombre apareciera en una publicación periodística de la capital provincial, en la cual se lo sindica como uno de los “beneficiados” por el fiscal René Bosio en los presuntos hechos de corrupción denunciados por la también letrada local María Teodora Perassi.

En efecto, uno de los párrafos de la información difundida por el portal web del diario La Voz del Interior señala que “Bosio habría utilizado su posición institucional para intervenir en causas penales con un objetivo concreto: beneficiar a determinados abogados –especialmente al letrado Marcelo Martín Silvano– y a sus clientes, alterando el curso normal de la Justicia”.

Frente a ello, el autor de la misiva señala que “corresponde formular las siguientes aclaraciones en resguardo del honor profesional, de la verdad de los hechos y de la correcta información pública” y destaca que “resulta sumamente llamativo el acceso público a información que se encontraría alcanzada por el denominado secreto de sumario”.

En otro pasaje del comunicado, Martín Silvano carga tintas contra la fiscal Juliana Companys (quien presentó un pedido de investigación jurisdiccional tras receptar la denuncia de Perassi), señalando que “se encuentra actualmente imputada, habiendo prestado declaración en el marco de investigaciones vinculadas a una serie de hechos de extrema gravedad institucional”.

A continuación, transcribimos íntegramente la nota del letrado:

Textualmente dice...

En relación a la publicación efectuada por el diario La Voz del Interior (papel y digital), en la cual se menciona expresamente a este letrado en el marco de una denuncia formulada por la abogada María Teodora Perassi, cuyo pedido de investigación es impulsado y llevado adelante por la Fiscalía de Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, corresponde formular las siguientes aclaraciones en resguardo del honor profesional, de la verdad de los hechos y de la correcta información pública.

En primer lugar, advierto que resulta sumamente llamativo para este letrado el acceso público a información que se encontraría alcanzada por el denominado secreto de sumario, a la cual esta parte (como entiendo ocurre con el resto de los investigados) no ha tenido acceso. Ello evidencia, una vez más, la filtración de datos provenientes de una investigación judicial en curso, circunstancia que no solo vulnera garantías básicas del debido proceso, sino que además configura una violación a lo dispuesto por el artículo 312 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.

Este tipo de situaciones, lamentablemente, no resultan aisladas, sino que se han reiterado en distintas oportunidades cuando las investigaciones tramitan en el ámbito de la Fiscalía de Segundo Turno, lo que refuerza la preocupación institucional respecto del manejo de información y su indebida exposición mediática.

En segundo lugar, corresponde señalar que la fiscal Companys se encuentra actualmente imputada, habiendo prestado declaración en el marco de investigaciones vinculadas a una serie de hechos de extrema gravedad institucional. Algunas de esas denuncias han sido formuladas por este letrado y otras tantas por distintos abogados del foro local y de la provincia de Córdoba, como así también por ciudadanos víctimas del accionar de la fiscal, lo cual demuestra que los cuestionamientos existentes no responden a una cuestión personal, sino a una profunda preocupación respecto del funcionamiento de la Fiscalía a su cargo.

En ese contexto, no puede dejar de advertirse el particular espacio temporal en el que aparece esta denuncia. Precisamente en una semana especialmente delicada para la fiscal Companys, cuando avanzan investigaciones en su contra, surge una acusación que pretende involucrar a este abogado, quien desde hace tiempo viene denunciando públicamente y judicialmente actuaciones que considera irregulares y que, por tal motivo, se ha transformado en un evidente obstáculo para determinados intereses.

Por ello, invito a los lectores a reflexionar seriamente acerca del origen de la acusación, del momento en que se produce y de a quién beneficia el intento de desplazar el eje de atención pública. No se trata de negar el derecho de ninguna persona a denunciar, ni el deber de investigar cuando corresponda, sino de exigir que toda denuncia sea analizada dentro del contexto completo en el que se genera.

También corresponde señalar que la abogada Perassi, denunciante en este caso, ha formulado numerosas denuncias contra colegas del fuero en sus pocos años de ejercicio profesional. Esta circunstancia, conocida en el ámbito jurídico local, impone (cuanto menos) una mirada prudente respecto de la utilización reiterada de mecanismos denunciatorios como forma de intervención en el litigio profesional.

El prestigio no se construye mediante el temor ni el disciplinamiento, sino a través del estudio, el trabajo, el respeto y la litigación seria.

Asimismo, no puede soslayarse que Perassi mantiene vínculos profesionales con el abogado Alejandro Bianco, quien fuera empleado y persona de confianza de la fiscal Companys hasta hace algunos meses, y cuya actuación también se encuentra bajo observación en distintos ámbitos, incluso ante organismos de ética y disciplina profesional.

Es de público conocimiento en el foro que Perassi ha representado a Bianco como su abogada particular, además de intervenir sucesivamente en causas en las que previamente actuó Bianco, e incluso compareciendo conjuntamente en otras defensas técnicas, muchas de las cuales (no casualmente) se tramitaron ante la Fiscalía del Segundo Turno.

Todo ello obliga a formular una pregunta elemental: ¿es casual que, en el momento en que la fiscal Companys atraviesa uno de los escenarios institucionales más comprometidos de su carrera, aparezca una denuncia destinada a ensuciar públicamente a quienes la han denunciado o cuestionado?

Este letrado lleva 38 años litigando en el fuero Penal. Es profesor universitario desde hace 30 años, especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y doctor en Derecho. Ha ejercido la profesión con firmeza, independencia y sin someterse a presiones de ningún tipo. Jamás ha necesitado recurrir al miedo, a la amenaza ni a maniobras impropias para construir su nombre profesional. Su prestigio se ha ganado litigando, estudiando y enfrentando jurídicamente aquello que considera arbitrario o contrario a derecho.

Por ello, rechazo enfáticamente cualquier intento de instalar sospechas infundadas sobre mi persona, especialmente cuando provienen de un entramado que, por sus propios antecedentes y vínculos, merece ser analizado con extrema prudencia.

En relación a las causas mencionadas en la nota periodística, cabe aclarar que, en la denominada “causa Netflix”, Perassi intervino como abogada defensora de varios imputados, habiendo concluido -según recuerdo- mediante un juicio abreviado ante la jueza de Control. Por su parte, la otra causa referida por el medio fue juzgada ante la excelentísima Cámara del Crimen local, contando con registros fílmicos que dan cuenta de todo lo acontecido.

Finalmente, hago saber que ejerceré todas las acciones legales que correspondan a fin de resguardar mi honor, mi trayectoria profesional y el libre ejercicio de la defensa técnica, frente a cualquier intento de desacreditación pública o utilización abusiva del sistema penal con fines de deslegitimación.

Dr. Marcelo Martín Silvano - Matrícula Profesional 4-168