El caso del villamariense Moreno disparó un “protocolo carcelario”
La Provincia publicó en el Boletín Oficial un protocolo para la sujeción de personas privadas de la libertad tras la elevación a juicio de una causa penal contra 11 miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) por la muerte del villamariense César Darío Moreno (50), ocurrida a mediados de septiembre de 2023 durante su encierro en el penal de Bouwer.
El reglamento, titulado “Pautas a seguir en la implementación de medidas de restricción mecánica de movimientos”, se conoció el miércoles en detalle y será de aplicación obligatoria en todos los establecimientos dependientes del SPC, informó ayer el diario La Voz del Interior a través de su página web.
Establece que la restricción física sólo podrá utilizarse cuando hayan fracasado otras estrategias de contención no invasivas. Además, dictamina que debe ser indicada por una autoridad competente y supervisada por un médico.
En cuanto a la duración, debe ser la “mínima indispensable” y toda intervención debe quedar asentada en la historia clínica y en un registro centralizado.
La sala médica donde se practique la medida deberá contar con videovigilancia continua y las grabaciones deberán ser conservadas durante un año.
Se trata de la aparente primera respuesta estructural que instrumenta el Gobierno provincial tras el caso que estremeció a la ciudadanía.
Moreno murió luego de permanecer más de 48 horas atado a una cama en el penal, tras presuntamente recibir una golpiza y ser maniatado en una cama de sujeción. La autopsia determinó que sufrió un tromboembolismo pulmonar agudo asociado a la inmovilización prolongada y a los golpes.
Elevación a juicio de la causa
La oficialización del protocolo se produce semanas después de que el fiscal José Mana enviara a juicio a 11 miembros del Servicio Penitenciario por la muerte de Moreno en la cárcel de Bouwer.
Nueve de los imputados (los guardias Mariano Santucho, Leonel Vaquel, Maximiliano Cebrero, Roberto Molina, José Flores, Lucas Argüello y Néstor Bazán, junto al médico Ignacio Segovia y la psiquiatra Ana Laura Grassi) están acusados como presuntos coautores del delito de gravísimo “torturas seguidas de muerte”.
En caso de que las acusaciones sean probadas, la única pena posible es la prisión perpetua.
En tanto, el exdirector del módulo MD1, Pablo Luján, fue enviado a juicio por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, figura que prevé penas de inhabilitación y prisión, mientras que el enfermero Martín Aracena deberá responder por “omisión de denunciar presuntos hechos de tortura”.
