La causa investigó la tortura y muerte de un villamariense en la cárcel de Bouwer
Piden la elevación a juicio por la muerte de César Moreno
A poco más de dos años de la muerte del villamariense César Moreno, pidieron la elevación a juicio contra once imputados; nueve de ellos -entre los que hay penitenciarios y médicos-, acusados de “tortura seguida de muerte”El fiscal de Córdoba capital, José Alberto Mana, concluyó la investigación penal por la muerte del villamariense César Moreno, quien en medio de una crisis de salud mental fue apresado y torturado por agentes del Servicio Penitenciario.
El miércoles último, Mana firmó el pedido de elevación a juicio y la comunicó a los defensores de los once imputados para que, en los plazos disponibles, ejerzan el derecho de presentar oposiciones.
Una vez que quede firme la elevación a juicio se sorteará la Cámara del Crimen que deberá juzgar a los once. Nueve de ellos, por “tortura seguida de muerte”. Entre los acusados hay médicos y agentes del Servicio Penitenciario.
La investigación comenzó con una sospecha, cuando a la oficina del fiscal Mana llegó una comunicación de rutina, en la que informan la “muerte natural” de un detenido en Bouwer.
Algo no le cerraba al funcionario judicial y pidió una autopsia. El informe fue devastador: Moreno había sido torturado.
Lo que pudo reconstruir el fiscal
Los hechos sucedieron entre los días 16 y 18 de septiembre de 2023 y, tal como remarcan en una de las páginas de la investigación, “el interno en cuestión, quien en vida se llamara César Darío Moreno, de 50 años de edad, no registraba antecedentes penales y había sido aprehendido por la supuesta comisión de un hecho de baja entidad penal”.
El villamariense era muy conocido en esta ciudad, tanto por su actividad deportiva (había sido jugador de rugby y era director técnico de las inferiores de rugby del Jockey Club) como por su trabajo como electricista.
En el expediente se sintetiza lo sucedido de esta manera: “Se produjo un episodio menor en Nueva Córdoba (donde ingresó a una panadería diciendo que se sentía perseguido y los empleados, que no le creyeron, lo sacaron a empujones del local y llamaron a la Policía), por el que fue aprehendido y trasladado en un primer momento al Establecimiento Penitenciario N° 9 (ex-UCA), y luego, al Complejo Carcelario N° 1 de Bouwer. Allí se produjo un enfrentamiento con el personal de seguridad y en represalia por una lesión que sufrió uno de los guardiacárceles, actualmente detenido y con prisión preventiva, se le aplicaron golpes y tormentos al momento de su reducción”, se precisó en el escrito.
Y se agregó: “Luego, la víctima fue llevada al sector del servicio médico, a sabiendas de que allí no había cámaras de seguridad. En el lugar, ante la presencia de uno de los médicos de guardia, a sabiendas de que podían actuar con impunidad, continuaron con la golpiza. Posteriormente, los imputados llevaron a Moreno a una sala médica, donde se le aplicaron medidas de contención, permaneciendo atado de sus muñecas, tobillos, muslos y pecho, durante más de 48 horas, sin brindarle atención médica por los golpes sufridos, suministrándole dosis mínimas de agua y alimento, e ignorando el estado de salud del interno. Producto de las lesiones, la prolongada inmovilización y las características personales de la víctima, al momento de ser desatado, cuando se disponía a ser trasladado al Centro Psico Asistencial (CPA), Moreno murió por un tromboembolismo pulmonar agudo”.
Para llegar a esa conclusión, el fiscal reunió filmaciones, documentación, testimonios e informes técnico-científicos, entre otros elementos de prueba, que le permitieron llegar a la conclusión de que once personas participaron del hecho.
Conclusiones
Al cerrar la investigación, el fiscal confirma la imputación a los agentes del Servicio Penitenciario (algunos con el rango de oficial) por el delito de “tortura seguida de muerte”; lo mismo que a los médicos de la cárcel que mintieron señalando que había sido muerte natural.
Además, el director del módulo de Bouwer donde sucedieron los hechos más graves quedó acusado de “omisión de los deberes de funcionario público”, y un enfermero, por “omisión de denuncia”.
Los dos últimos acusados permanecen en libertad, mientras que el resto está en prisión preventiva.
A juicio - Los acusados
-Lucas Iván Argüello
-Néstor Eduardo Bazán
-José Eduardo Flores
-Ana Laura Grassi (médica psiquiatra)
-Mariano Edgardo Santucho
-Ignacio Edgardo Segobia (médico clínico)
-Leonel Axel Vaquel
-Roberto Ángel Molina
-Maximiliano Nicolás Cebrero
-Pablo Adolfo Luján (fue director del módulo de Bouwer).
-Martín Lautaro Aracena (enfermero)
Los imputados en los que no está aclarado a qué se dedicaban, son agentes del Servicio Penitenciario.
