Medida de restricción al tribuno Romero por violencia de género

La Justicia dictó una restricción de acercamiento por dos meses al tribuno de Cuentas Maximiliano Andrés Romero (Uniendo Villa María), en el marco de una demanda por violencia de género que inició la concejala oficialista Patricia Dolores Heredia (Hacemos Unidos por Villa María), quien se encuentra en uso de licencia desde mediados de septiembre, a raíz de un episodio que tuvo su origen en el escenario político local.

La resolución de la jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, Nerina Gamero, establece que Romero no podrá compartir espacios con Heredia y delimita la restricción a distintos ámbitos frecuentados por la edil, entre ellos su domicilio, su lugar de trabajo y espacios de estudio o esparcimiento.

También prohíbe a ambos “todo tipo de comunicación, por cualquier medio, verbal, telefónica, personal, incluso por medios informáticos o cibernéticos, o por interpósita persona, como asimismo relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar y que implique tomar contacto entre sí”.

Además, la magistrada sostiene que “la medida dispuesta es recíproca entre las partes y que, vencido dicho término sin que se denuncien nuevos hechos de violencia, se procederá al archivo de las presentes actuaciones”.

En tanto, la jueza advierte al tribuno, y responde políticamente al concejal Manuel Sosa, que “deberá abstenerse de publicar, por medios informáticos o por redes sociales, como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, o por cualquier otro medio, fotos, videos, imágenes o información, o datos de cualquier índole en relación a Heredia”.

La resolución judicial, dictada el pasado martes 6 de octubre prevé también que la concejala “deberá solicitar asistencia para abordar su problemática al Polo Integral de la Mujer o al centro de salud con el profesional de su confianza, debiendo remitir constancia de tratamiento y seguimiento” a la autoridad interviniente.

Seguidamente, la disposición legal establece que “Romero deberá solicitar asistencia al Centro Integral de Varones, debiendo gestionar su turno (…) y, oportunamente, acreditar la constancia de asistencia” al mismo.

El motivo de la licencia

Cabe recordar que el pasado 18 de septiembre, la edil pidió en el Concejo Deliberante una licencia por tres meses –sin goce de sueldo–, explicando que no podía seguir ocupando su banca “por recomendación médica”, como consecuencia de su “estado emocional”.

Heredia explicó entonces que habían atacado su vida privada en las redes sociales: “He sido objeto de reiteradas expresiones agraviantes y de situaciones de hostigamiento provenientes de personas que ocupan organismos públicos municipales, particularmente de Manuel Sosa y de Maximiliano Romero”.

“Ejercer una función electiva supone estar sometida al escrutinio ciudadano, a las críticas de la oposición y a las circunstancias políticas”, pero siempre “existe un límite”, dijo. “Y ese límite –añadió– es la vida privada de las personas”.

“Se atravesó ese límite cuando la confrontación política dejó de referirse a mis ideas, a mis posiciones y a mi actuación política y avanzó deliberadamente sobre mi vida personal, matrimonial e íntima”, enfatizó la concejala, visiblemente afectada.

“Sobre mi vida íntima”

Heredia sostuvo que “el tribuno de Cuentas respondió públicamente en una red social a una intervención realizada por mi marido, utilizando expresiones sobre mi vida íntima que evitaré repetir en este momento”.

En esa red social, le dijeron a Romero “que vaya a trabajar”, dado que sus pares de otros dos bloques sostienen que va una hora, dos o tres veces a la semana. Y Romero contestó que esa afirmación de su falta de apego a la labor para la que fue elegido es una mentira y aprovechó para endilgarle un calificativo al marido de Heredia.

“Para agraviar públicamente a mi esposo, se introdujo una insinuación relativa a una supuesta infidelidad matrimonial y se me colocó, sin que yo hubiera participado de aquella conversación, en un lugar difícil”, señaló la concejala.

Entendió que es un episodio que “no puede considerarse de manera aislada” y que hay que diferenciar, “porque una cosa es cuestionar a un concejal por sus decisiones y otra muy distinta es utilizar su condición de mujer, su matrimonio y su intimidad para agraviarla”.

Agregó también que la legislación vigente “prohíbe expresamente la violencia política dirigida a obstaculizar la participación política de la mujer”, y cerró su intervención diciendo: “Esta licencia no significa admitir que esta clase de conductas sea parte inevitable de la política; las diferencias son legítimas, las críticas son legítimas, el control es indispensable, pero ninguna de esas cosas exige introducirse en la intimidad de una mujer para degradarla”.