El “caso Santi”, la fiscal y la prisión domiciliaria
La fiscal Juliana Companys defendió ayer el otorgamiento de la prisión domiciliaria al exbombero voluntario playosense Rodrigo Santi (31), quien se encuentra privado de la libertad desde fines de 2024 por haber abusado sexualmente de menores de edad.
La funcionaria judicial dijo que no se trata de una medida excepcional ni exclusiva de este caso, sino de una herramienta procesal que se aplica dentro del marco legal vigente. Y marcó que durante su turno se decretaron tres prisiones domiciliarias.
Entre los argumentos, la fiscal señaló el estado de salud del imputado –según el psicólogo Pedro Rodríguez presenta depresión–, la situación de sobrepoblación carcelaria y la disponibilidad de casi 400 tobilleras electrónicas que el Ministerio de Justicia puso a disposición.
Companys sostuvo que el imputado no podría haber salido de la cárcel de barrio Belgrano sin tobillera. Además, mencionó los requisitos que tiene que cumplir en la prisión domiciliaria y afirmó que realizará personalmente las verificaciones correspondientes cuando hoy vuelva a la Fiscalía, tras encontrarse de licencia.
También apuntó que la medida puede ser apelada por la Querella, analizada por la jueza de Control, María Soledad Dottori y, eventualmente, por la Cámara del Crimen, que podrá confirmar, modificar o revocar lo dispuesto.
El abogado José Corigliano, representante de una de las víctimas, ya había anticipado que apelará la medida dispuesta por la fiscal ni bien se reanude la actividad plena en Tribunales, en febrero, y ratificó que el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Santi se hizo sin tobillera, de acuerdo a la información suministrada por la documentación del expediente a la que tuvo acceso como querellante.
