El caso Rodrigo Santi
Su salud, la sobrepoblación de la cárcel y la disponibilidad de tobilleras, argumentos de la fiscal
Juliana Companys defendió la medida de prisión domiciliaria que dispuso en diciembre pasado para el exbombero de La Playosa que confesó los hechos de abuso sexual de los que se lo acusaba
La fiscal Juliana Companys defendió este jueves el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Rodrigo Santi, el exbombero de La Playosa que confesó los abusos sexuales contra menores de edad de los que había sido acusado.
La funcionaria dijo que no se trata de una medida excepcional ni exclusiva de este caso, sino de una herramienta procesal que se aplica dentro del marco legal vigente. Marcó que durante su turno se decretaron tres prisiones domiciliarias.
Entre los argumentos, la fiscal señaló el estado de salud del imputado -según el psicólogo Pedro Rodríguez presenta depresión-, la situación de sobrepoblación carcelaria y la disponibilidad de casi 400 tobilleras electrónicas que el Ministerio de Justicia puso a disposición.
En declaraciones realizadas al portal Villa María Ya, Companys sostuvo que el imputado no podría haber salido del Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María sin tobillera.
Además mencionó los requisitos que tiene que cumplir en la prisión domiciliaria y afirmó que realizará personalmente las verificaciones correspondientes cuando este viernes vuelva a la fiscalía, tras encontrarse de vacaciones en el marco de la feria judicial.
También apuntó que la medida procesal puede ser apelada por la querella y será sometida al control de la jueza de Control, y, eventualmente, de la Cámara del Crimen, que podrá confirmar, modificar o revocar lo dispuesto.
El abogado José Corigliano, representante de una de las víctimas, ya había anticipado que apelará la concesión de la prisión domiciliaria apenas reabran los Tribunales tras la feria, en febrero. El letrado también ratificó que el otorgamiento de la prisión se hizo sin tobillera, de acuerdo a la información suministrada por la documentación del expediente a la que ha tenido acceso como querellante.
