Marcharán para reclamarle a la Justicia por algunas decisiones

Los habitantes de la localidad de La Playosa se movilizarán hoy a las 17 en la plaza Santa Teresa “para pedir justicia y visibilizar su reclamo ante recientes decisiones judiciales en una causa por abusos sexuales que generó un fuerte impacto en la comunidad”, informaron ayer los organizadores de la marcha.

El comunicado añade que “la convocatoria se da luego de confirmarse que Rodrigo Santi, bombero voluntario confesó en sede judicial delitos de abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil, accedió al beneficio de prisión domiciliaria, sin tobillera electrónica ni custodia policial”.

Finalmente, además de destacar que la concentración “es abierta a toda la comunidad” y “la importancia del acompañamiento de los medios de comunicación”, señalan que “el objetivo de la marcha es acompañar a las víctimas, exigir garantías reales y que el caso no pierda visibilidad”.

Detalles del caso

La causa que se le sigue a Santi se inició a mediados de diciembre de 2024, cuando Emilse Sales, madre de una de las víctimas y con el patrocinio del abogado villamariense José Tomás Corigliano, denunció en la Justicia local un hecho de abuso cometido por el entonces instructor de la Escuela de Capacitación de Menores y formador de jóvenes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Playosa.

A partir de allí, la fiscal Juliana Companys inició una investigación que permitió saber que no se trataba solo del hijo de la denunciante, sino que había otros chicos que habían sufrido el proceder delictivo del sospechoso, uno de ellos por hechos más graves.

Luego de incorporar numerosas pruebas al expediente, la funcionaria judicial ordenó la detención de Santi, medida que se concretó el sábado 28 de diciembre de aquel año en uno de los cuatro allanamientos que realizaron efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín, conjuntamente con personal de la Sección Cibercrimen de la Dirección de Investigación Operativo (DIO) del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.

Durante las requisas, una de las cuales se realizó en el propio Cuartel de Bomberos, se secuestraron documentos y dispositivos electrónicos con elementos de prueba que fueron incorporados a la causa.

Quién es el acusado

Rodrigo Santi (31), alias “Lolo” o “Loli”, nació en Pozo del Molle el 25 de diciembre de 1994, es soltero, no tiene hijos, registra último domicilio en La Playosa y, además de ser bombero, cursó estudios terciarios completos de Asistente Jurídico Previsional.

Al momento de ser detenido, inicialmente como presunto autor de los delitos de “abuso sexual agravado” y “grooming”, se desempeñaba como instructor de aspirantes y cadetes, tanto a nivel local como nacional, lo que motivó que las diligencias se extendieran a la propia sede de los bomberos de la localidad.

Aquel megaoperativo policial causó un fuerte impacto en la comunidad playosense, principalmente por tratarse de una institución muy reconocida por toda la población.

A punto de ir a juicio…

El 11 de diciembre del año que acaba de concluir, es decir 17 días antes de que Santi cumpliera un año entre rejas, la fiscal Companys firmó el decreto de citación a juicio como presunto autor de los delitos de “abuso sexual simple” (tres hechos con tres víctimas diferentes, sometidas a manoseos o tocamientos impúdicos), “tenencia de imágenes de menores abusados” (hallaron fotos y videos de ese tenor en su celular) y “abuso sexual con acceso carnal”, en concurso ideal con “corrupción de menores”.

El último y más grave de los delitos que se le atribuyen tuvo como víctima a un varón de aproximadamente 12 años al momento de los hechos, cometidos entre marzo de 2013 y marzo de 2015.

El 10 de febrero de 2025, en la primera declaración indagatoria, asistido por la abogada Camila Oliveros, Santi negó todos los hechos que se le imputaban y se abstuvo de seguir declarando.

Fue nuevamente citado a declarar en otras dos ocasiones (el 18 de junio y el 23 de septiembre), pero volvió a negar todos los hechos y se llamó a silencio una vez más. En ambas ocasiones fue defendido por Rodrigo Hayas.

El 10 de noviembre del año pasado, el acusado cambió de defensores. Asumieron el cargo Alejandro Bianco y María Teodora Perassi, quienes solicitaron que se le receptara una nueva declaración indagatoria, medida procesal que se llevó a cabo el jueves 20 del mismo mes.

En esa oportunidad, cuando todavía permanecía alojado en la cárcel de barrio Belgrano, Santi se hizo cargo de todos los hechos que se le atribuyen (los reconoció lisa y llanamente) y añadió que desde hacía un tiempo estaba teniendo problemas de sueño, que no vivía tranquilo y que la situación de encierro se estaba volviendo una tortura, que ya no aguantaba la situación, e incluso que en varias oportunidades había pensado en quitarse la vida “para darle un corte a esto”.

El 26 de noviembre, Bianco presentó un pedido de juicio abreviado inicial, pero nueve días más tarde, desde la Fiscalía del Segundo Turno le comunican que la pena propuesta por parte de la Instrucción sería de ocho años de prisión efectiva.

Y el 16 de diciembre se crea un incidente para enviarle las actuaciones a la jueza de Control, María Soledad Dottori, para que ella acepte el acuerdo y disponga fecha para el juicio abreviado.

… pero pasaron cosas

Apenas tres días después, es decir el viernes 19, Bianco presentó un escrito en la Fiscalía manifestando que renunciaba a su cargo como codefensor, y en un escrito por separado la abogada Perassi solicitó la prisión domiciliaria de su cliente.

Entre los argumentos del pedido, la letrada invocó un informe del psicólogo Pedro Rodríguez, perito de parte convocado por la Defensa, quien luego de entrevistar a Santi en la cárcel, sugirió que se le otorgara aquella modalidad de detención.

Aquí cabe señalar que no fueron notificados los abogados querellantes, el ya mencionado Corigliano y su colega Ariel Escandriolo, quien asiste a otra de las  víctimas, para que también designaran peritos de parte.

Qué dice el psicólogo

Para fundamentar su posición, el licenciado Rodríguez destacó que el acusado “padece de sintomatología compatible con depresión (…), que se caracteriza por síntomas severos que afectan su vida diaria, como la tristeza intensa, pérdida de interés y del deseo de vivir (…), manifestando tener ideas intrusivas del orden de no soportar más esa situación”.

En la parte final del informe, el perito señala textualmente: “Quizás sea hoy (la prisión domiciliaria) el único dispositivo real, conjuntamente con profesionales del área de Salud Mental, que puedan dar respuesta a este vacío existencial, viciado por la pulsión de muerte y por un goce que nada tiene de placentero, sino del goce que coquetea con la muerte hasta convertirse en lo mismo: fundirse con la muerte”.

En un departamento

Tres días después del pedido de Perassi, la Justicia le otorgó a Santi la prisión domiciliaria, que desde entonces cumple en un departamento ubicado en barrio Centro sur de Villa María, a un par de cuadras de una escuela  primaria, donde está viviendo junto a su padre.

Sin embargo, no le colocaron tobillera electrónica ni tiene custodia policial. Entre los requisitos que deberá cumplir estrictamente para poder mantener esa modalidad de detención se estableció que tiene prohibido salir del inmueble (salvo con autorización judicial, por ejemplo ante un problema de salud) ni puede utilizar dispositivos electrónicos como celulares o computadoras, y mucho menos acceder a Internet o a cualquier red social.

Después de la Feria

Por otra parte, habrá que esperar hasta febrero, cuando se reanuden las actividades habituales en Tribunales, para saber si la jueza Dottori finalmente acepta un acuerdo de partes (para ello deberá convocar a los abogados querellantes) y, eventualmente, fijar fecha para el juicio abreviado inicial solicitado por la Defensa.

A la espera de novedades, La Playosa marchará hoy para pedirle explicaciones a la Justicia…